San Cristóbal de las Casas, Chiapas.– El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió una “acción urgente” tras denunciar una serie de ataques directos y amenazas de muerte contra la abogada y activista Poulette Celene Hernández. El organismo exigió al Estado mexicano la implementación inmediata de medidas de protección para garantizar la vida e integridad de la defensora.

Cronología de la agresión

De acuerdo con el informe del organismo presidido por el obispo emérito Raúl Vera López, la activista ha sido blanco de hostigamiento sistemático en su domicilio, ubicado en la colonia Democrática Chiapaneca:

– 8 de febrero (17:00 horas): Tres personas (dos mujeres y un hombre) irrumpieron en su domicilio exigiendo que saliera. Tras negarse, la defensora fue objeto de insultos, amenazas de muerte y agresiones físicas.

– 7 de febrero (22:00 horas): Previo al ataque físico, cuatro sujetos en motocicletas se presentaron en la vivienda con fines de intimidación, retirándose únicamente al percatarse de que Hernández no se encontraba sola.

Labor bajo asedio en la región Costa

Hernández coordina procesos de acompañamiento a víctimas de violencia, salud comunitaria y agroecología en la costa chiapaneca. El Frayba vincula este aumento en la violencia con el complejo contexto regional, marcado por:

1. Conflictos territoriales: Denuncias recientes de intentos de despojo por el Corredor Interoceánico.

2. Crimen organizado: Presunta colusión entre grupos delictivos y autoridades locales.

A pesar de que ya existe una denuncia penal radicada ante la Fiscalía General del Estado (expediente 070-2026), el Frayba instó a las autoridades a actuar con “debida diligencia” y perspectiva de género para evitar que el caso quede en la impunidad.

Las demandas clave del organismo son:

– Seguridad inmediata: Vigilancia preventiva en el domicilio y mecanismos de reacción rápida.

– Coordinación federal: Intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

– Reconocimiento público: El cese de cualquier intento de criminalización o estigmatización contra la labor de la abogada.

” “El silencio y la falta de acción frente a estos patrones de hostigamiento generan un riesgo elevado para la vida de quienes defienden los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad”, sentenció el centro.