Brasilia.- Para su segundo mandato, que comenzó el 1 de enero de 2015, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, incluyó entre sus 39 ministros a representantes de todas las fuerzas que apoyaron su reelección, en un habitual e inevitable sistema de cuotas que, definitivamente, no ha dejado satisfecho a nadie.

Entre esos personajes, de todos los colores y tintes políticos e ideológicos figuran políticos decentes y corruptos; dirigentes de la izquierda moderada y radical; del centro acomodaticio; de la derecha oportunista y la ultraderecha religiosa, de la integrista, la católica y evangelista.

“En un gabinete de tantos ministerios (secretarías), los hay de peso ligero y completo, como en el boxeo, o payasos, saltimbanquis, maromeros y trapecistas, quienes actúan como en arena de circo”, dice Arquímedes Prado, conserje del Palacio del Congreso diseñado en 1956 por el arquitecto Óscar Niemeyer.

“En vísperas de la Noche Buena pasada –añade don Arquímedes-, doña Dilma no definía quienes, ansiosos e impacientes, integrarían ese elenco de tantos colaboradores”.

Esa dorada clase política, tan llena de claroscuros como en cualquiera otra de las naciones latinoamericanas, se ramifica hacia miles de puestos y cargos, siempre a disposición del voraz apetito de la burocracia parasitaria y de los partidos de tan tumultuosa alianza de gobierno.

No falta razón a quienes opinan que se subastan secretarías de Estado y cargos de empresas públicas como la antes poderosa Petrobras, tan llena de lodo debido al esquema de corrupción puesto al descubierto en marzo de 2014 por Paulo Roberto Costa, uno de sus altos directivos.

Su presidenta, Gracia Foster, cobijada por el manto protector de Dilma, al parecer ha quedado a salvo de la materia que arroja el ventilador de los corruptos y por supuesto de los efectos devastadores que ha provocado el “petrolazo” que investiga el joven juez Sergio Moro, el “super-héroe” de esta función.

Imposible desmentir a quienes acusan a diputados y senadores de imponer a Dilma sus exigencias y condiciones, “mucho más cercanas al chantaje mafioso que a la negociación política”, como opina algún certero crítico del sistema político brasileño.

En otras palabras, Dilma Rousseff –con un buen desempeño como ministra de Energía y jefa del Gabinete Civil de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2010, y un papel que se fue destiñendo como mandataria entre 2011 y 2014- enfrenta un difícil año nuevo 2015, comienzo de un periodo totalmente diferente al anterior.

Las dificultades que muchos analistas previeron en esa diversidad política empezaron a manifestarse apenas seis días después del inicio del segundo gobierno de la mandataria, señaladamente en el conflictivo sector agrario.

El Movimiento de los Sin Tierra (MST) -cuya cabeza visible ha sido Pedro Stedile, dirigente históricamente vinculado al Partido de los Trabajadores (PT)-, reaccionó frente a las posiciones de la ministra de Agricultura, Kátia Abreu.

El MST la acusó de “representar los intereses de los segmentos más atrasados de la agricultura, que no alcanzan niveles mínimos de productividad, dañan el medioambiente y se valen del trabajo esclavo”, tal como lo describió Stedile en una nota publicada en su órgano informativo oficial.

Días antes de tomar posesión de su cargo, Kátia Abreu ratificó su posición contra las normas para delimitar las tierras indígenas, responsabilidad del gobierno, y subrayó su apoyo a un polémico proyecto de ley que propone traspasar esa competencia al Congreso.

Se ha puesto énfasis en el tema, porque la ministra enfrentó a grupos indígenas que exigen una ampliación de sus reservas y declaró que la raíz del problema está en que los indios “han dejado las selvas” y pretenden expandir sus tierras hacia “las áreas de producción” agrícola.

Esa declaración también fue condenada duramente por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), organismo vinculado a las comunidades de base de la Iglesia católica brasileña –tradicionalmente seguidora de la teología de la liberación y a la opción por los pobres-, que manifestó su “vehemente repudio” a la nueva ministra.

“Son posiciones tan desconectadas de la realidad nacional, fruto de una total ignorancia o de una profunda mala fe”, indicó el Cimi en un comunicado que hizo recordar al valiente y recordado Hélder Cámara, obispo de Olinda y Recife, cuando, en tiempos de la dictadura militar, defendió a los desposeídos sin más armas que su elocuencia y convicciones.

Los religiosos recordaron a Kátia Abreu que es nacionalmente conocida como “la reina de la motosierra” por sus posturas favorables a que, incesantemente, la actividad agrícola avance sobre una Amazonia devastada por la ganadería extensiva y el cultivo de la soya.

El Cimi sostuvo que “son los agentes del latifundio y los agro negocios los que invaden y derriban la selva amazónica -que ocupa el 57 por ciento del territorio nacional de ocho millones y medio de kilómetros cuadrados- y los que expulsan y asesinan a las poblaciones que en ellas habitan”.

El enemigo número uno de Kátia Abreu en el gabinete es Patrus Ananías, exalcalde de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, quien reemplaza como ministro de Desarrollo Agrario a Miguel Rossetto, secretario general de la Presidencia de la República para el segundo mandato de Dilma Rousseff.