Quizás Usted no se ha dado cuenta, pero estamos, otra vez, ante el descarado cambio de los discursos que han protagonizado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Lo anterior dado que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los líderes de la autollamada cuarta transformación enarbolaron con vehemencia la bandera de la libertad digital. Acusaron al régimen priista de pretender controlar las redes sociales, espiar a los disidentes y apagar el internet. Presentándose como los defensores absolutos del progresismo y del librepensamiento, convirtieron el espacio cibernético en su trinchera principal. Sin embargo, una vez instalados en el poder, las promesas libertarias han quedado enterradas bajo una retahíla de intenciones regulatorias que tocan el autoritarismo.

Hoy, con la excusa de regular los derechos de las audiencias y modernizar el marco normativo de las telecomunicaciones, la 4T avanza a paso firme sobre el control de radios, televisoras, plataformas electrónicas y medios digitales. Bajo la excusa de aplicar lineamientos de supervisión, se pretende imponer criterios editoriales e instrumentos de fiscalización que minaran la independencia periodística. Este cerco no sólo debilita las vías electrónicas; golpea de muerte a la prensa escrita tradicional, debilitada económicamente y privada de garantías frente a una persecución institucional. Lo que antes señalaban como censura peñista hoy lo rebautizan como moralización.

La amenaza ya no es una especulación, sino que ha comenzado a materializarse en leyes concretas. El antecedente legislativo aprobado en Puebla, con el que se buscó penalizar bajo figuras ambiguas como el “ciberasedio” los insultos, agravios o críticas vertidas en redes sociales hacia la autoridad, es la muestra clara del objetivo final. Silenciar a la ciudadanía, castigar la disidencia y transformar el legítimo descontento popular en un delito susceptible de cárcel. ¿Dónde quedó el supuesto progresismo que garantizaba el derecho a disentir?

Esta escalada centralista tiene un impacto particularmente severo en entidades como Coahuila, cuya entidad se ha caracterizado por su sociedad civil crítica, un sector empresarial dinámico y una prensa local que da voz a los contrapesos regionales, Coahuila enfrenta un riesgo inminente. Imponer lineamientos punitivos y regulaciones asfixiantes desde la capital federal desarma a los periodistas y medios independientes coahuilenses frente a los atropellos del poder. En un estado donde la exigencia ciudadana ha sido clave para la fiscalización pública, silenciar las plataformas digitales significa despojar a los coahuilenses de su principal trinchera para denunciar la ineficiencia, la corrupción o el abasto de servicios esenciales.

Por si Usted aun no lo quiere ver, déjeme hacerle notar que, ahora sí, nos encontramos caminando por una senda peligrosamente conocida. Bajo la narrativa de la transformación social, la 4T replica los manuales de control que hundieron a países como Cuba y Venezuela en el oscurantismo autoritario. Limitar de forma paulatina las garantías individuales, fiscalizar la opinión pública y penalizar el desacato no es progresismo: es socialismo de control. Si la ciudadanía no despierta a tiempo frente a esta arremetida contra la libertad de expresión, el derecho a criticar al gobernante pasará de ser un pilar democrático a un recuerdo del pasado.