Si existiese un criterio justo, el más imparcial, cercano a la objetividad o más apegado a la realidad por lo menos, para valorar desde un plano de neutralidad el sexenio de Miguel Ángel Riquelme Solís como Gobernador de Coahuila, ahora que ha presentado su sexto y último informe, ¿cuál sería más allá de filias y fobias?

En cuanto a legitimidad, Riquelme pasó de ser un gobernante que arribó al cargo cuestionado, producto de un proceso electoral polarizado y consecuencia del ánimo social de alternancia que se vivió durante 2016-2017, a uno que, una vez en el poder, prácticamente unificó a su favor todos aquellos que inicialmente le representaban oposición, y terminó con mayor aprobación ciudadana que sus tres predecesores (los hermanos y el interino bisagra entre ellos).

¿Acaso no es la política eso que precisamente practicó él, el arte de la negociación, para encontrar coincidencias?

Si tomamos en cuenta el ámbito electoral, partidista, se podría decir que cumplió con creces la tarea: durante su mandato el PRI ganó dos veces el Congreso del Estado por marcador de 16 a 0, en 2020 y 2023, y su sucesor en la Gubernatura obtuvo una votación histórica, resultado que no hubiese ocurrido sin su trabajo. Aunque lo anterior evidentemente favorece al partido que lo postuló al cargo y obviamente a sus aliados. Es decir, en principio sólo a un sector de la sociedad –mayoritario, sí–  representado a través de ellos.

Usar en cambio el comportamiento de la deuda pública estatal como rasero para medir su labor, es engañoso; si bien en las cifras ésta queda prácticamente como la recibió de su antecesor, no es algo anormal o que estuviese fuera de lo proyectado, pues el plan de pagos a largo plazo con los bancos así está pautado desde la primera renegociación en 2011. Incluso en el próximo sexenio 2023-2029 tampoco habrá una disminución considerable de no existir eventuales modificaciones, pues los abonos que amortizan significativamente al capital comenzarán a reflejarse a partir de 2031.

Como es natural a todo Gobierno, existen animadversiones y detractores sistemáticos. Una parcialidad en el magisterio, y otra entre colectivos de desaparecidos destacan por su visibilidad, aunque no se gestaron en el sexenio que concluye dentro de 18 días, sino fueron herencia del anterior.

Empleo y seguridad siempre son las demandas por excelencia en una sociedad civilizada. Ambos rubros, los más difíciles de lograr, han sido la columna vertebral de su gestión y aquellos que quizá más inversión de horas hombre recibieron.

El episodio de violencia paramilitar en Villa Unión, ocurrido el mismo día de su segundo informe de Gobierno, 30 de noviembre de 2019, y particularmente la respuesta oficial, representó un parteaguas en el tema seguridad, en específico lo concerniente al control territorial y delitos de alto impacto perpetrados por células del crimen organizado, manteniéndolos a raya.

La obra pública, de infraestructura, es un factor a considerar en conjunto con otro: los recortes presupuestales federales como “sino” de la administración. ¿Cuánto se hubiese podido construir con los 23 mil millones de pesos que, pese a ser aprobados para Coahuila en los ejercicios fiscales, nunca aterrizaron en el estado?

Luego existen los imponderables. La emergencia sanitaria se comió una tercera parte del sexenio, la macroeconomía depende de factores que no están al alcance de Coahuila, y los acelerados cambios sociales, por su parte, ocurren allende las fronteras del estado, ni siquiera en un sitio territorial ubicable, sino en el mundo digital que ha unificado la idiosincrasia y emparentado culturas otrora diversas en torno a un mismo estilo de vida que no es necesariamente mejor.

En ese sentido dos problemáticas patentes rebasan transversalmente a la entidad, al país, y al mundo: la violencia familiar y la salud mental, mismas que obedecen a fenómenos como la hiperconectividad, la inexistencia de frenos morales y la transformación del humano post pandemia.

Y aquí viene lo más importante. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de integrar y liderar la Alianza Federalista el tiempo que duró ésta, Riquelme hubiese capitulado y aceptado entregar la plaza al régimen populista-militarista?

O sea elegir el camino fácil, lo que hicieron sus homólogos del PRI: doblarse, intercambiar la entidad que representaban por un beneficio unipersonal. Impunidad, en el caso de Murat en Oaxaca y Del Mazo en Estado de México, o una Embajada para Quirino (Sinaloa), Fayad (Hidalgo), Aysa (Campeche), Carlos Joaquín (Quintana Roo), y un Consulado para Pavlovich (Sonora).

Todos compartieron momento político sexenal y deliberadamente dejaron abierta la puerta para permitir el saqueo y ocupación de sus entidades por  el centralismo autócrata.

Ahí, entre un ecosistema de traidores, Riquelme fue diferente del resto. Rara avis de la política nacional: Mandatario de tiempo completo, sin desapegos ni distracciones. Resistió.

Cortita y al pie

Hoy nos encontramos ante un escenario pocas veces visto: un Gobernador que después de concluir el cargo tiene aspiraciones políticas inmediatas como candidato, lo cual significa en los hechos someter su mandato a plebiscito.

Sólo dos ocasiones ha ocurrido en Coahuila, en ambas con pase al Senado de la República: Nazario Ortiz Garza (1934) y Braulio Fernández Aguirre (1970). Hace 89 y 53 años respectivamente, en circunstancias electorales completamente distintas.

La última y nos vamos

Por lo demás, anteponer los intereses a mediano y largo plazo de un estado, por encima de los personales cortoplacistas, no es un asunto menor.

Y ésa circunstancia que le tocó afrontar a Riquelme es, a juicio de quien esto escribe, la que determina su real valor como gobernante para justipreciarlo en forma positiva.