La masacre de Allende, ocurrida entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, desveló el imperio de la impunidad y las entrañas de un sistema podrido. Catorce días antes, Humberto Moreira (HM) había tomado las riendas del PRI mientras Saltillo despertaba en medio del «¡ra-ta-tá!» de las ametralladoras. El primer enfrentamiento entre cárteles tuvo lugar en «El Sarape» (obra cumbre de HM), una de las vialidades de la capital más transitadas. Lejos de las balas, Rubén Moreira (RM) se preparaba para suceder a su hermano y cubrirle las espaldas. Al mismo tiempo, Jorge Torres ejercía de interino sin imaginar el costo que pagaría por la aventura. En agosto del mismo año, la Secretaría de Hacienda desveló la deuda real de Coahuila: no era de 8 mil millones de pesos —reportados por el Estado—, sino de 32 mil millones.

Un mes después de la elección de RM, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya «crímenes de lesa humanidad (…) perpetrados en Coahuila (…). más de 500 casos acontecidos durante los gobiernos priistas de Humberto Moreira y Rubén Moreira entre 2009 y 2016», declaró Jimena Reyes, directora de la FIDH. «En el periodo de siete años, la violencia, desapariciones, asesinatos y tortura son responsabilidad exclusiva del narcotráfico y el crimen organizado (a los cuales) se (les) permitió operar bajo el auspicio del Gobierno local» (SPD Noticias, 06.07.17).

En vísperas de que RM entregara el mando, y sin poder publicar la memoria según la cual pasaría a la historia como paladín de la justicia, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, con la colaboración del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (fundado por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López), presentó el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila». El documento estudia los procesos contra exintegrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San Antonio y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016, acusados de lavado de dinero, asesinato y conspiración para importar drogas y armas.

Los asesinatos masivos y las miles de desapariciones forzadas atrajeron la atención de la prensa internacional, mientras en México y Coahuila eran ignorados. En Anatomía de una masacre: la matanza de Allende a manos de los Zetas, Ginger Thompson, reportera principal de la agencia de noticias independiente ProPublica y ganadora del Premio Pulitzer 2001, describe el horror: «En marzo, el tranquilo pueblo ganadero, de unos 23 mil habitantes y a solo 40 kilómetros de la frontera con Texas, fue atacado. Sicarios del cártel de los Zetas, una de las organizaciones más violentas del mundo, arrasaron Allende y pueblos aledaños como una inundación repentina; demolieron casas y comercios, secuestraron y mataron a docenas, posiblemente a cientos, de hombres, mujeres y niños». (ProPublica/National Geographic, 12.06.17). «Primero los mataron y luego los metieron a una bodega donde había pastura, los rociaron con diésel y les prendieron fuego. Estuvieron alimentando el fuego horas y horas», declaró a la periodista José Juan Morales, coordinador de Investigadores de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas de Coahuila.

«Tres años después de la matanza de los Zetas, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, anunció que oficiales estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales anunciaron un megaoperativo para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos». «Durante años después de la matanza, las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables» (Continúa) .