El moreirato desapareció como fuerza política, pero la estructura electoral creada en ese docenio le permitirá al PRI ser el único partido del país que gobierne durante 100 años ininterrumpidos un estado: Coahuila. El periodo comprende de la fundación de ese organismo, el 4 de marzo de 1929 –bajo las siglas de Partido Nacional Revolucionario (PNR)– a noviembre de 2029, cuando concluya la Administración de Manolo Jiménez. Otra herencia del clan es la megadeuda, mediáticamente conocida como el moreirazo por su prolongado y negativo impacto en el bienestar social y las finanzas estatales, atados a los bancos.

En el moreirato se sentaron las bases de lo que podría denominarse Grupo Coahuila, a semejanza de los de Atlacomulco (Estado de México) e Hidalgo, pero sin su influencia, duración y alcance, pues fuera del ámbito local no trascendió en el panorama nacional, excepto por los escándalos de nepotismo y corrupción. Entre Humberto y Rubén Moreira no existe punto de referencia moral, intelectual ni político con Isidro Fabela Alfaro y Javier Rojo Gómez, iniciadores precursores de los grupos predominantes en Edomex e Hidalgo hasta principios de la presente década, cuando Morena le arrebató al PRI dos de sus bastiones históricos.

El moreirato también puede verse como un accidente político. Enrique Martínez pudo haberlo evitado; su condición de primer Gobernador no designado desde el centro y su desempeño (redujo la deuda del estado a su mínimo histórico) le permitían resolver la sucesión. Las circunstancias nacionales se lo permitían, pues el nombramiento de “virreyes” ya no dependía del Presidente de la República. Sin embargo, sus aspiraciones presidenciales –aunadas a otros temas sensibles– lo distrajeron. Humberto Moreira, a quien había dado manos libres en la Secretaría de Educación y en la Alcaldía de Saltillo, capitalizó el resquicio para apropiarse del PRI y de su estructura. Las demás cartas enriquistas: Alejandro Gutiérrez, Raúl Sifuentes y Javier Guerrero, quedaron anuladas. Lo mismo pasó con José María Ramón Valdés y Miguel Arizpe.

La fórmula del PRI –cuyo jefe real era el Presidente– para evitar cacicazgos políticos y mantener el control de los estados había consistido en nominar candidatos ajenos a la esfera del Gobernador de turno, y algunas veces abiertamente contrarios. La regla dejó de funcionar a partir de la alternancia de 2000, y los mandatarios locales empezaron a nombrar sucesor. Las cosas llegaron al extremo en Coahuila, cuando Humberto Moreira heredó el puesto a su hermano Rubén, situación que no ha vuelto a repetirse. La reforma electoral contra el nepotismo, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, entrará en vigor en 2030.

El camino de Rubén Moreira hacia la Gubernatura se allanó a la vista de todos. El PRI tomó de rehén al Instituto Electoral del Estado, creó partidos satélite y se alió con ellos para atomizar el voto opositor y tener sobrerrepresentación en el Congreso mediante fórmulas que castigaban sobre todo al PAN. Para garantizar a los membretes fantasma financiamiento público y el porcentaje de sufragios necesario para no perder su registro, se modificó el Código Electoral del Estado. La pinza se cerró con gabinetes de bajo perfil. El servilismo y docilidad de la mayoría de los secretarios era un seguro contra riesgos. Quien se apartaba del guion o amenazara el proyecto era apartado sin miramientos. El clan era implacable.