Muchos de nosotros recordamos con un dejo de nostalgia el pasado reciente, que se fue sin retorno alguno: las excursiones al cañón de San Lorenzo eran un periplo casi obligado para los adolescentes de Saltillo en las décadas de los 60 y 70, cuando la ciudad no rebasaba los 200 mil habitantes, con una provinciana imagen urbana, la cual se ha venido perdiendo paulatinamente, a medida que llegaban a la economía de la región las tecnológicas de frontera. Transitábamos del uso de los aperos de labranza y la fabricación de tractores, cucharas y cacerolas, al ensamble de vehículos y producción de autopartes.

Dejando fuera la evocación de paisajes bucólicos de aquella “acuarela” edénica, lo paradójico era que la mayoría de  las familias saltillenses no tenía acceso al consumo regular de agua potable en sus viviendas. Las severas limitaciones en el vital líquido dieron paso a la figura icónica del aguador, hombre que recorría los barrios pobres de la ciudad, cargando sobre sus hombros botes de agua, que distribuía generalmente entre las atareadas amas de casa. Lo anterior, a pesar de que a menos de 35 kilómetros de la otrora mancha urbana se encontraban mantos freáticos, cerca del mencionado cañón natural; incongruencia que engarzaba una “perla más en el largo collar” de incompetencias que, por supuesto, incluye la escasa visión social y humanitaria a mediano y largo plazo, de las autoridades que han gobernado este país.

Fue hasta 1996 que una mente brillante propuso que a la sierra (Zapalinamé), que incluye a San Lorenzo, se le considerara como zona sujeta a conservación ecológica y transcurrieron 21 largos años (2017) para que finalmente la declararan reserva natural estatal (Fuente: zapaliname.org.). La imagen de aquel paseo, poco regulado pero menos explotado, que ha privado en el ideario de los saltillenses de aquel entonces, me sirve de coartada para pergeñar algunos comentarios sobre el macroecocidio que tuvo lugar hace algunos días en el cañón de Los Lirios, que destruyó cientos de hectáreas de vegetación nativa de la reserva. Descubrir las causas del incendio, para fines prácticos y de mejora de los ecosistemas dañados, es irrelevante, salvo que se quiera saber si fue ocasionado por la naturaleza o la mano del hombre, y en caso que haya sido este, sancionar al responsable.

Sin embargo, lo estructuralmente vital, a mi juicio, es detener o al menos minimizar los factores que están volviendo vulnerables los pocos espacios verdes de que disponemos los habitantes de esta erial región del noreste de México. Uno de ellos es la acelerada urbanización de las zonas montañosas. De ninguna manera es un “fenómeno” económico exclusivo de la región o el país. Surge y se multiplica en cualquier parte del planeta, en momentos en que las regulaciones ecológicas son inexistentes, o cuando estas son quebrantadas por desarrolladores inmobiliarios en complicidad con autoridades políticas.

Los espacios rurales y “boscosos” de los municipios de Arteaga, Ciénega de Flores, San Pedro Garza García y Santiago han sido de las áreas más codiciadas por los fraccionadores. Hoteles, campos de golf, cabañas, fraccionamientos etc., están proliferando, vendiendo o alquilando al consumidor de ingresos altos, espacios habitacionales y recreativos, totalmente acondicionados, similares a los servicios que poseen sus residencias urbanas y clubes sociales. De acuerdo con información de un agente inmobiliario, en algunos fraccionamientos de la sierra de la Viga, el metro cuadrado tiene un precio de 10 pesos, pero la extensión de los lotes es de 10 hectáreas. Si Pitágoras no miente, el pedazo de tierra alcanza un valor de mercado de un millón de pesos.

La voracidad del mercado inmobiliario no tiene límite, pues se nutre del capitalismo del siglo 21, que trata de estandarizar las preferencias y gustos de los consumidores; en este caso, pretende difuminar la frontera entre lo rural y urbano. Los intereses económicos no respetan los de carácter ecológico y mucho menos las necesidades sentidas de las comunidades.