Ciudad de México.— A pesar de contar con un marco constitucional y legal para combatir la violencia política contra las mujeres, el mayor obstáculo sigue residiendo en los partidos políticos, donde persisten las resistencias y el miedo a denunciar. Así lo advirtió Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante el congreso internacional de estudios electorales, Zavala señaló que los partidos son el foco donde “se tejen las resistencias” y donde se originan los actos de violencia, a menudo impulsados por la inequidad en el reparto de recursos.

” Generalmente los partidos no hacen llegar ese dinero, les dan las candidaturas y (les dicen) ‘hazle ahí como puedas’”, explicó la consejera.

Justicia partidaria y la falta de equidad financiera

Zavala reveló que la justicia impartida dentro de los propios partidos políticos es deficiente: el 82% de los casos de violencia que estas agrupaciones resolvieron fueron desfavorables para las mujeres, con casos de revictimización o ausencia de justicia imparcial.

La inequidad también se refleja en la financiación. La consejera recordó que los recursos públicos (prerrogativas) y los tiempos en radio y televisión no se trasladan de manera equitativa a las candidatas.

Las reformas a los reglamentos de radio y televisión se hicieron porque “lamentablemente veíamos que a las mujeres no se les dan tiempos ni recursos”, lo cual ya constituye violencia.

Obstáculos a la denuncia: Prevalece la violencia psicológica

La consejera Zavala destacó los avances legislativos en el país, que pasó del modelo de cuotas al principio de paridad total (50% de candidaturas para mujeres) e implementó reformas en ocho leyes. Estas reformas incluyen la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, que prohíbe ser candidato a quien tenga sentencia firme por:

– Delitos contra la vida, libertad o seguridad sexual.

– Violencia familiar.

– Violación a la intimidad sexual.

– Morosidad en el pago de pensión alimentaria.

A pesar de este marco legal, la Defensoría para víctimas de violencia política del INE (instaurada como piloto) evidenció que de 58 solicitudes de apoyo, solo el 4% decidió avanzar hacia la denuncia penal o administrativa.

Los datos de la defensoría muestran que la mayoría de las afectadas son víctimas de violencia psicológica (92% a nivel federal y 75% a nivel local) y simbólica (50% y 69%, respectivamente).

” Las mujeres acuden, las atendemos y en ese espacio se sienten seguras y continúan [el proceso], pero no todas dan el paso para la denuncia”, concluyó la consejera, señalando que el miedo y las resistencias internas siguen siendo el principal freno.