La decisión que han tomado los gobiernos tanto federal como estatal, sobre el inminente regreso a clases presenciales o híbridas, ha creado una inesperada polémica en los diferentes sectores que integran nuestra sociedad, los cuales en su mayoría, refieren que esta determinación no es más que un empecinamiento infundado de los gobiernos para regresar a las aulas.

En días pasados Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que de manera ineludible el 30 de agosto los niños, niñas y jóvenes en México, regresarán a clases presenciales. Aunque aseguró que este regreso se dará en un entorno responsable, ordenado y cauto.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que antes del 30 de agosto, es decir, desde el 23 de agosto, 433 escuelas públicas del nivel básico en Coahuila, regresarán a clases en un modelo híbrido, incluyendo las escuelas privadas; al igual que los bachilleratos técnicos y los tecnológicos, mismos que darán prioridad al sistema presencial.

Las declaraciones de los mandatarios nos hacen concluir que la decisión está tomada, y que no piensan retroceder en lo absoluto para evitar que los menores vuelvan a las aulas, lo que a mi parecer es la mejor noticia que pueden dar. Y es que, a pesar de que ambos funcionarios respaldan su decisión en la premisa de que los estudiantes reciben una mejor educación en forma presencial, realmente creo que ambos jerarcas prefieren omitir en sus explicaciones que, en realidad lo que hace más apremiante el regreso a las escuelas, lo es la cada vez más evidente vulnerabilidad de los niños en sus viviendas.

Para quien considere que lo último aseverado es una exageración, debo mencionarle que en días pasados, la Unidef, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reveló que en nuestro país las condiciones de hacinamiento en que se encuentran un gran número de niños desde el inicio de la pandemia son por demás lamentables.

En el reporte se estableció que los niños mexicanos, desde el inicio de esta pandemia, han sufrido y sufren todo tipo de situaciones extremas en sus hogares, tales como: hambre, encierro, pobreza, aburrimiento, soledad, amenazas, golpes, abusos y hasta violencia sexual. Todo lo anterior, en un ambiente de hermetismo simulado que les impide incluso hacer notar sus frustraciones en el exterior.

En Coahuila, durante la pandemia, el número de denuncias por violencia contra menores tuvo un repunte, la mayoría relacionados con el abuso sexual. Lo anterior fue reconocido por la directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien informó que a partir del 2020 se registró un 20% más de denuncias, incremento que se ha mantenido hasta el 2021. Lo que nos lleva a pensar que el número de casos no denunciados debe ser bastante parecido o peor.

Sin duda, es muy positivo que los gobernantes hayan entendido que la obligación del Estado no solo es tratar de evitar la infección, sino también la de mantener una buena calidad de vida en los niños, ya que está comprobado que el Covid-19 igual que deja secuelas en las personas que se enfermaron, también está dejando huellas en los menores que por alterar su forma de vida, han visto el lado más oscuro de las relaciones familiares. Y eso no es poca cosa.