En un principio parecería que la Suprema Corte fue equitativa al considerar la nueva legislación electoral de Chihuahua, el estado gobernado por la panista Maru Campos. Los ministros aceptaron este 29 de septiembre que una elección puede anularse cuando “se acrediten hechos de delincuencia permanente o sistemática que hayan influido en el proceso electoral, siempre que sean graves, dolosos y determinantes para el resultado”. Punto para Chihuahua y para los chihuahuenses.

La ley buscaba evitar la repetición en Chihuahua de la narcoelección de Sinaloa de 2021, cuando los Chapitos operaron en favor de Rubén Rocha Moya y los demás candidatos de Morena, llegando al extremo de secuestrar a candidatos y operadores de la oposición. El triunfo de Morena lo validó el Tribunal Electoral estatal, en una resolución de la magistrada Aída Inzunza, curiosamente hermana del senador de Morena Enrique Inzunza, hoy imputado en Estados Unidos precisamente por su relación con los Chapitos.

Aunque la Corte avaló la posibilidad de anular elecciones cuando haya intervenciones de la delincuencia organizada, este triunfo de Chihuahua cayó por tierra ante la negativa de los ministros a aceptar la pérdida automática de registro de los candidatos beneficiados. Cada caso tendrá que ser estudiado en lo individual; pero con el control que tienen actualmente los delincuentes sobre los tribunales electorales, podemos prever que no actuarán contra los candidatos del crimen.

Los ministros negaron también la posibilidad de sancionar a los candidatos que se beneficien de las intervenciones de la delincuencia: “Nadie puede ser responsable por conductas ajenas”, determinaron. Parece sensato, pero, ¡cuidado!, porque significa que si un candidato ordena actos ilegales contra sus rivales solo los actores materiales, y no el candidato, podrán ser sancionados.

Los ministros tomaron una decisión adicional, más inquietante todavía, al ordenar a los legisladores de Chihuahua incorporar en la legislación electoral una cláusula que incluya “la nulidad de elecciones por actos de intervención o injerencia extra, la no reelección para puestos de elección popular a partir de 2030 y las reglas contra nepotismo en candidaturas”. No solo están violando la autonomía del poder legislativo de Chihuahua, sino que están imponiendo al estado la agenda política de Morena.

La gobernadora Campos declaró este 29 de septiembre: “Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara. Sí, a la Suprema Corte que no discute nada y que solo acata”.

El fallo de la Corte confirma que su función fundamental hoy es apoyar las políticas de Morena. Para algo sirvieron la reforma judicial y las elecciones de los acordeones. Ratifica que una “injerencia extranjera”, que no está adecuadamente definida en la legislación, sería causa de nulidad de una elección. Una intervención del crimen organizado también se sancionaría, en caso de ser grave, dolosa y determinante, pero no llevaría a la cancelación del registro del candidato beneficiado.

Los tribunales electorales están trabajando con la Suprema Corte para facilitar el camino del narco al control de las elecciones. Lo peor es que los ciudadanos no podemos denunciar al “narcogobierno” o a los “narcopartidos” porque el INE aplicaría en contra nuestra sus nuevas facultades de censura.

Restos

¿Por qué no se han enviado los restos humanos de Cocula a Innsbruck para su examen genético como pidió la CNDH en 2018? Lo confesó el 29 de septiembre el subsecretario de derechos humanos, Félix Arturo Medina: algunas de “las mamás y los papás de los jóvenes desaparecidos” no “tienen certeza de la información que puedan aportar”. Saben que esto comprobaría el destino de los jóvenes, pero no quieren que se conozca. Sin embargo, retener pruebas es un delito,