Manolo Jiménez –en menor grado que Miguel Riquelme– representa una derivación del moreirato, pues procede de la misma corriente política, pero no haber pertenecido al primer círculo de Humberto y de Rubén Moreira lo desvincula del clan y le brinda autonomía. Su elección como Gobernador obedece a varias circunstancias. La primera y más importante fue la crisis poselectoral de 2017, que, de no haberse resuelto, significaba el fin del ciclo del PRI en el estado y el ascenso del PAN al poder. Jiménez leyó bien el momento y actuó con sagacidad. Decantarse por Riquelme lo puso en la Presidencia Municipal de Saltillo. Se pensó que bastaría un año en la Alcaldía (2018) para compensarlo, pero enseguida vino la reelección para un periodo de tres… y luego la Gubernatura.

La distancia e independencia de Jiménez con los Moreira –que Riquelme no tuvo por haber sido secretario de Gobierno y AAlcalde de Torreón en la administración de Rubén– le permitió ganar las elecciones de 2023 con una votación abultada. Riquelme había pagado la resaca del moreirato seis años atrás, cuando las calles y plazas de Saltillo, Torreón, Monclova y otras ciudades bullían de gente en demanda de celebrar nuevos comicios por el supuesto fraude electoral, aclarar la megadeuda y enjuiciar a los Moreira. Pese a las movilizaciones e irregularidades –documentadas por el PAN– ninguna de las exigencias fue atendida.

La ayuda y relaciones de Jiménez contribuyeron a salvar la elección –lo cual no hubiera sido posible sin los votos de Saltillo, reconocería Riquelme más tarde– y fueron su trampolín para sucederle en el cargo. El lagunero y el saltillense, cuyo origen y estilo son distintos, asumieron la Gubernatura en circunstancias radicalmente contrarias. El primero empezó con un alto déficit de legitimidad, que en parte pudo resolver mediante la cancelación de la política de garrote –utilizada por Rubén Moreira– y llamados a la reconciliación. Con un triunfo arrollador, unas oposiciones disminuidas y el poder económico de su lado, el segundo de ellos dispuso de recursos suficientes para acotar al moreirato y emprender un proyecto político propio que aspira a ser transexenal.

Sin embargo, el lastre del moreirato, que han cargado los dos últimos Gobiernos –los de Riquelme y Jiménez–, también pesará sobre los hombros de, al menos, las tres administraciones futuras: la desmesurada deuda que nadie se ha atrevido a investigar. El tema resurge con estruendo en las campañas electorales, pero una vez transcurridas vuelve a las sombras. Abrir los expedientes destaparía la caja de Pandora y generaría una crisis política de alcances inimaginables por la red de intereses políticos y económicos que encierra. ¿A dónde fueron a parar miles de millones de pesos cuyo destino se ignora? No se necesita una bola de cristal para descubrirlo, sino voluntad política.

Denuncias relacionadas con el endeudamiento ilegal (decretos apócrifos, desvío de recursos…) prescribieron por la complicidad y negligencia de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado; las que aún siguen vigentes están en la misma ruta. Sin embargo, políticamente no caducan. La sucesión gubernamental de 2029 brindará a Morena la oportunidad desaprovechada en 2023: colocar la deuda y sus efectos en el centro del debate estatal y nacional. Mientras los coahuilenses paguen un solo peso por intereses –y no es uno, sino miles de millones cada año– el caso seguirá abierto y la indignidad encendida. El moreirato se inoculó con su propio veneno.