Se puede considerar que México ha sido rico en recursos naturales y su privilegiada ubicación geográfica ha influido para lo anterior, con dos litorales y gran diversidad en ecosistemas en cada una de las regiones que conforman el mosaico del país; no se podía pedir más a la naturaleza. En épocas pasadas incluso a México se le llegó a llamar el “Cuerno de la Abundancia”, pero desde mi perspectiva, los prodigiosos recursos han sido deficientemente usados.

De acuerdo con la Constitución de 1917, cualquier mineral, fósil o elemento químico que yace en el subsuelo mexicano es propiedad de la nación. Sin embargo, tal artículo constitucional no ha impedido que se entreguen concesiones a compañías extranjeras haciendo modificaciones a la Carta Magna, o bien que el Estado, cuando ha administrado los bienes de la nación, lo haya hecho improductivamente. Para ilustrar lo anterior se pueden enumerar varios ejemplos.

En la década de los 70 se creó una empresa del Estado, o también llamada paraestatal, para aprovechar el uranio que supuestamente existía en el norte del país; al final solo fueron ingresos federales derrochados, pues los beneficios nunca se lograron. Nunca se supo si la materia prima no se encontraba o si el Gobierno no disponía de la tecnología requerida para extraerlo y tratarlo. Otro ejemplo ha sido la explotación indiscriminada del yacimiento de Cantarell, que impulsó la producción petrolera por arriba de los 3 millones de barriles diarios. El resultado fue el agotamiento de la cuenca, mientras que los miles de millones de dólares producto de las exportaciones se dilapidaron inmisericordemente, sin invertirlos en infraestructura y equipo para la mejora de sectores claves para el desarrollo como salud, educación, vivienda, vías de comunicación, por citar algunos.

En cuanto a los recursos agrícolas la historia parece repetirse, aunque, por supuesto, con matices distintos. Un ejemplo fue el guayule, que antes de que apareciera el hule sintético se exportaba a Estados Unidos para abastecer a la industria militar (por cierto, hace décadas en Saltillo, al poniente de la ciudad, se ubicaba una procesadora de guayule, y de ahí derivó el nombre de la colonia Guayulera); lo mismo sucedió con el henequén en Yucatán. Al sustituir ambas fibras por nuevos productos con menores costos de producción, las compañías dejaron de importar y en el territorio solo quedaron grandes extensiones de tierra devastada, en tanto que la derrama económica obtenida por las ventas se concentró en unas cuantas familias de empresarios y hacendados.

En el actual sexenio gubernamental, uno de los temas que ha causado polémica y polarización, y por ende se ha politizado, ha sido el litio. ¿Quién debe explotarlo, el Estado o la Iniciativa Privada? ¿O ambos? Estas preguntas van a perdurar a pesar de que el Presidente de la República envió una iniciativa, ya aprobada en la Cámara de Diputados, en donde se reserva el derecho exclusivo del Estado para hacerlo. Sin embargo, las leyes se pueden modificar y las enmiendas a la Constitución han sido el común denominador de todos los gobiernos.

Antes de dicha iniciativa, la concesión del litio la tenía una empresa de origen chino, que había pasado desapercibida o mejor dicho no había causado interés en los analistas económicos y políticos del país, y el detonante fue la reforma eléctrica y su rechazo por los diputados. Por otra parte, como siempre ha ocurrido, en la explotación de los recursos naturales han sido los países desarrollados los que disponen de las técnicas de vanguardia para procesarlos. El litio no ha sido la excepción a la regla y el sector público aún no está preparado tecnológicamente para procesar y exportar ese recurso.

Por experiencias pasadas en la explotación de los recursos naturales, tanto por el sector público como el privado, los beneficios o rentas que se obtuvieron fueron dilapidados o se concentraron en unas cuantas compañías. Por ello, es conveniente tener una visión de largo plazo y considerar los costos y beneficios de dejarlo como reserva en el subsuelo o concesionarlo. Decisión difícil de tomar, que no se resolverá con consultas entre la sociedad, sino con personal técnico calificado de las dependencias públicas que administran la economía mexicana.