El 14 de septiembre se filtró a diversos medios de comunicación en Saltillo que Jorge Juan Torres López, exgobernador de Coahuila, ya estaba de regreso en la ciudad, su suelo natal, luego de permanecer encarcelado en Estados Unidos. Que ya había sido deportado, pues. Sin embargo el “pitazo” quedó solo en eso: información (un chisme, si se quiere ver así) que no ha sido corroborada pero tampoco desmentida por quien tenga interés en hacerlo. Pero, por lo visto, a nadie le importa.

El tema es muy sencillo: el exmandatario coahuilense interino fue condenado por delitos cometidos en territorio estadunidense entre octubre de 2007 y abril de 2008 (¿a quién se le ocurre lavar dinero desde un banco en Corpus Christi utilizando el sistema bancario estadunidense?, por lo demás), producto de sobornos recibidos en su etapa como secretario de Finanzas del estado, durante la administración de Humberto Moreira.

Con fecha 29 de octubre de 2013 la Corte para el Distrito Sur de Texas había ordenado su detención por los cargos de fraude bancario, fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero al comprobar que transfirió, en complicidad con Javier Villarreal -subsecretario de Planeación entonces- 2 millones 762 mil 066 dólares desde sus cuentas en los bancos JP Morgan Chase, de Brownsville, e Inter National, de McAllen, a un paraíso fiscal en las islas Bermudas.

Como no pudo acreditar el origen legal del dinero, incurriendo incluso en falsedad de declaraciones, era buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 194 países.

Y nada más. Lo demás, el resto, cualquier cosa, es política-ficción. Es decir, el periodo cuestionado queda muy atrás en el tiempo de sucesos históricos para la entidad como el endeudamiento irresponsable de 2010, o las atrocidades cometidas durante sus escasos 11 meses de gestión en 2011 y bajo su responsabilidad como mandatario interino: la masacre de Allende que duró cinco días: del 18 al 22 de marzo, y la primera renegociación de la deuda pública, donde se legalizaron créditos obtenidos con documentación falsa y que nunca entraron a ejercicio fiscal, consumada el 18 de agosto.

Aún así se trata de un asunto escandaloso por donde se vea: un exgobernador de Coahuila, el primero en la historia contemporánea de la entidad en admitir su culpabilidad por un delito grave, como el lavado de dinero, y ser enjuiciado por ello fuera del país. En el proceso penal 2:13-cr-1075, finalizado con la sentencia de la jueza de la Corte para el Distrito Sur de Texas, Nelva Gonzales Ramos, consta que el dinero salió de las arcas estatales. Él incluso lo aceptó. Se declaró culpable. Y Estados Unidos cobró (¿existe otro verbo que describa mejor su actuar en el caso que “cobrar”?) su parte. Se quedó con un tanto para reparar el daño: dos propiedades decomisadas por el Departamento del Tesoro desde el 17 de noviembre de 2014, ubicadas en Montgomery, Texas, adquiridas con recursos de procedencia ilícita. ¿Y Coahuila, apá?

Le tengo noticias: interpelado por quien esto escribe, el Departamento de Justicia Criminal de Texas respondió el 20 de septiembre que Jorge Torres no está registrado en ninguna prisión estatal ni federal. Por su parte, el condado de Nueces, al que corresponde Corpus Christi y por donde debió abandonar el país, no tiene información de su paradero. Y finalmente, cuestionada por separado, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, tampoco lo ubica en su plataforma de datos.

¿Qué significa lo anterior? Que se les fue como agua entre las manos.

El pasado 24 de junio fue condenado a 36 meses de prisión contados a partir de su detención, el 5 de febrero de 2019 en territorio mexicano (Puerto Vallarta), reduciéndole posteriormente seis meses por buena conducta (dos por cada 12 cumplidos), lo cual ocasionó su liberación temprana. Originalmente debía permanecer recluido hasta febrero de 2022. En Texas estuvo solo 22 meses, desde el 29 de octubre de 2019.

Irónicamente duró más tiempo prófugo (5 años, 3 meses y 7 días), que detenido.

Cortita y al pie

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción en palabras de su fiscal, Jesús Homero Flores Mier, había declarado a principios de julio que ya existía una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía General: “estamos en coordinación en el trabajo, ya se hizo una solicitud vía consular a la Fiscalía General de la República para Estados Unidos; vamos a esperar la información y ya pudiéramos nosotros determinar, en caso de lo que se pudiera desprender de los indicios, cómo proceder” (Zócalo, 06/07/21).

¿A qué esperan las autoridades de Coahuila?

La última y nos vamos

¿Qué sigue? ¿Sacarlo de su “muerte civil” y favorecer a su familia con asignaciones de contratos? (Grupo Torrela, S.A. de C.V., sociedad mercantil creada el 12 de abril de 2010 en Saltillo, nueve meses antes de tomar posesión de la gubernatura, con el objeto social de “ejecutar obra pública” como carreteras, puentes, edificios o urbanizaciones, y perteneciente a sus hijas: Carlota y Daniela, de apellidos Torres Llaguno).