Durante años hemos escuchado lo mismo: que toda una región de Coahuila, la Carbonífera, depende de él como un cuerpo humano al oxígeno.

A lo largo del tiempo se ha construido, pues, una falsa premisa. Sin embargo el trabajo académico, Del Carbón a las Renovables: Análisis Económico para la Transición Eléctrica en México, de Alejandro Dávila Flores y Miriam Valdés Ibarra, recién publicado en marzo de 2021, desmonta esa falacia que a fuerza de repetirse mil veces pareciera dogma de fe: ni el carbón es indispensable para el desarrollo (o subsistencia de la Región, mejor dicho) ni es su obligado motor económico. Por el contrario, se puede prescindir paulatinamente de él pues no es la panacea monetaria como se dice, ya que de 2014 a 2019 perdió más de una cuarta parte (-27%) de su valor. Ambientalmente ni se diga su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero.

Se trata de una investigación socioeconómica seria, financiada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) a través del programa Partnering for Accelerated Climate Transition del Reino Unido, y se presenta en un momento donde pudiera incidir en políticas públicas. Su principal valor radica en proponer estrategias para transformar la Carbonífera que se pueden resumir en cuatro puntos: impulso a las energías renovables y su cadena productiva, la conformación de un clúster del carbón (no simples revendedoras que agrupan personas morales) desarrollo de proveedores con empresas ancla en la Región, y agricultura tecnificada en ambientes controlados.

Anteriormente había sido acuñado el concepto “carbón rojo”, publicado en la investigación, El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí Acaba el Silencio, de la organización Familia Pasta de Conchos. El asunto central del referido estudio es la flagrante violación a los derechos humanos (el derecho a la salud y el trabajo, principalmente) en la cadena extractiva, y la tragedia de los accidentes y eventualmente la muerte en minas y pocitos como consecuencia (3 mil fallecidos a lo largo de la historia, de acuerdo con el conteo de Pasta de Conchos).

Pese a la gravedad de los argumentos planteados en el documento que data de 2018, la actividad productiva ha seguido transitando contra todo tipo de circunstancias y sopesando dichos inconvenientes como un “mal necesario”. Y tiene sentido: si no importan los vivos, mucho menos los muertos y todavía menos los desaparecidos.

Adicionalmente, Sergio Colin Castillo, publicó también en marzo de 2021, auspiciado por los mismos patrocinadores, el WWF, Análisis de Percepciones Sobre la Calidad del Empleo en la Región Carbonífera de Coahuila, trabajo que cierra el círculo y permite abordar el tema por todas sus aristas.

Utilizando una técnica de investigación cualitativa, diferenciada, recoge la opinión de cinco sectores: expertos que conocen y han vivido en la Región Carbonífera, empresarios del carbón, trabajadores y mineros, académicos o investigadores del tema, y población joven que a punto está de salir al mercado laboral.

Entre un universo de testimonios interesantes, sobresale un dato revelador: la mayoría de los trabajadores del sector –el verdadero corazón de la industria– está dispuesto a laborar en otras actividades. Lo único que piden es capacitación y habilidades. Así la variable del arraigo y la costumbre para continuar con la extracción por tiempo indefinido se cae por su propio peso.

Por otro lado es un negocio a ciegas. A ciegas por lo menos para la generalidad, no así para los capitanes que obtienen el dividendo. Cito un ejemplo. Al cancelar unilateralmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los contratos multianuales que tenía comprometidos con Minera Carbonífera Río Escondido –Micare, empresa intermediaria de Altos Hornos de México– (AHMSA con los “productores” de la Región), el 19 de junio de 2020, por considerarlos abiertamente “leoninos” y desventajosos, su quiebra sobrevino inmediatamente pese a que acumulaba 27 años favorecido. ¿Y las ganancias de todo ese lapso?

Si bien hay que tomar en cuenta un factor: la situación financiera de AHMSA luego de la defenestración pública de su dueño, Alonso Ancira, dicho antecedente demuestra una cosa: que el negocio del carbón no es viable por sí mismo en condiciones de competencia y libre mercado. Depende, más bien, del tráfico de influencias y los arreglos en lo oscurito. Necesita un empujón de una mano invisible para subsistir. Nada nuevo bajo el sol, por lo demás.

Cortita y al pie
Luego del apagón masivo acontecido en México durante febrero, revivieron los alegatos oportunistas con el planteamiento de la soberanía energética. Esto es: para no depender de las importaciones de gas de Texas básicamente, quemar en las carboeléctricas de Nava mayores cantidades del mineral a fin de producir más energía eléctrica. Como si el calentamiento global fuese un cuento, justo es decirlo.

Inclusive Armando Guadiana, carbonero proveedor de CFE, según sus palabras hasta febrero de 2016 y por tanto sin conflicto de intereses, aunque de acuerdo con el periódico El País (31/07/20) cuatro empresas de sus familiares –donde él figura directamente– fueron beneficiadas en 2020 por contratos que suman 57.9 millones de pesos, una vez asumió el escaño en el Senado y la presidencia de la Comisión de Energía, como primera gestión fue a solicitarle a López Obrador, aún Presidente electo, en octubre de 2018, la construcción de una unidad adicional en la central carboeléctrica de Nava, o una nueva en la Región Carbonífera. No tuvo respuesta positiva.

La última y nos vamos
Si bien el fracking no se prohibió expresamente en la recientemente reformada Ley de Hidrocarburos el 21 de abril, sí está detenido indefinidamente, y el carbón ya no es negocio, a juzgar por la reciente investigación del académico Alejandro Dávila, exrector de la Universidad Autónoma de Coahuila.

¿De ahí entonces el inusitado interés por la Alcaldía de Saltillo en 2021?