Primer acto: El Consejo General del INE determinó como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la revocación de mandato del Presidente de la República que fue electo para el periodo constitucional 2018-2024, esto, por la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.

A mi entender, la decisión del INE no se trató jamás de una suspensión del proceso o de una negativa para no cumplir con las obligaciones del INE, si no de un acuerdo que buscaba dotar de certeza y recursos necesarios a este ejercicio inédito de participación ciudadana.

Hasta ahí, el juego a varias bandas del Presidente parece salir a cabalidad, porque al reducirle presupuesto al Instituto Electoral, era lógico que estos “pidieran esquina”, dándole al Presidente “más grillo” de la historia, elementos suficientes para seguir descalificándolos.

Segundo acto: La Suprema Corte de Justicia ordenó en días recientes al INE a que organice la consulta de revocación de mandato del Presidente de la República hasta su conclusión con el presupuesto que la Camara de Diputados aprobó (mil 503 millones de pesos).

Esto se dio a conocer, casi 24 horas después de que el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, presentara una controversia constitucional en contra de la decisión que había tomado el Consejo General del INE de suspender la realización de la consulta de revocación de mandato, por las razones ya explicadas.

Los hechos: Es cierto, la revocación del mandato presidencial existe en la Constitución como una forma de rectificación ejecutiva dispuesta por una ciudadanía inconforme. Pero eso es en la teoría.

En la práctica actual, se trata de un movimiento de propaganda al más puro estilo del nazi Goebbels, quien necesita para su ego, presumir de haber sido el primer Presidente en someterse a un ejercicio “tan democrático” y salir “en hombros”.

La posible remoción –hoy incluida en la Constitución– de un Presidente de la República, a través de un ejercicio electoral de revocación, supone la respuesta popular ante la pérdida de confianza. Y ese supuesto hoy, en una colectividad mayoritaria y jubilosamente afectada por el síndrome de Estocolmo, no se cumpliría.

Ahora ¿cual es el objetivo? El innecesario narcisismo del Presidente de presumir un resultado a su favor con el cual pueda radicalizar aún más su Gobierno, es decir “súper legitimarse”, sin dejar oportunidad ya para la crítica de sus opositores.

Sin embargo, para realizar este referéndum se deben cubrir ciertos requisitos legales. La ley obliga al INE a organizar esta consulta con la misma capacidad presupuestaria que las elecciones presidenciales previas. Se necesita la misma cantidad de personas y de casillas.

Entonces por eso el INE va a la Corte y le pide intervención, argumentando “¡No tenemos la capacidad ni el recurso!”. La Suprema Corte dice, cuando la consulta se deba hacer, una vez solicitada por casi 3 millones de convocados reales, entonces veremos si en verdad necesitas organizarla, “¡pero no pidas prórroga!”.

Mientras, el INE hace suyo el argumento de la Corte: “¡Ah!, entonces, pues una vez comprobada la exigencia de la consulta por esos 3 millones de mexicanos, su validez y el asunto de los dineros, entonces la hago”. Y el aplazamiento de la consulta, por supuesto enciende todas las críticas para orillar a esos “herejes de la democracia” (el INE) a la hoguera, como “traidores a la patria”.

Por eso les decía que al Presidente, el juego le estaba saliendo bien. Pero eso no es lo peor, sino lo que está por venir. Al hacerle el caldo tan gordo al discurso del Presidente, el futuro del INE, que tanto costó crearlo y madurarlo, supera en “fatalidad” al futuro de un cerdo en un corral antes de las fiestas patronales de un ejido. Ojalá y no. Porque sería la quiebra democrática de nuestro país.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional

desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.