Nadie podría oponerse, en su sano juicio, a tener más seguridad pública y por consecuencia más seguridad en su esfera individual. Y si eso depende, según se afirma, de tener más bases militares diseminadas en un determinado territorio, pues se debe asumir el costo de la militarización acelerada en los últimos años al precio que sea. Repito: según se afirma de manera oficial (y se ejecuta, en los hechos).

Bajo esa premisa popularmente aceptada, aunque basada en dogmas de fe más que en resultados verificables a la luz de los derechos civiles, el Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, acaba de cerrar una transacción que nadie con dos dedos de frente podría cuestionar, sin embargo mueve a suspicacia.

A través del acuerdo 339/047/2020, ventilado por “encimita” durante la sesión de Cabildo celebrada el pasado 25 de septiembre, aprobó “la adquisición mediante compra-venta de una hectárea de terreno en la localidad San Antonio de las Alazanas para la construcción de una base militar”. Y así, sin dar mayores detalles, despachó el negocio con un simple “notifíquese” a quien corresponda.

El 9 de octubre se formalizó el contrato de compra-venta, acreditándose la propiedad de dicho inmueble a favor del Municipio de Arteaga de acuerdo con la presunta escritura pública 339, ante la fe del notario 25 de Saltillo, Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, quien facturó 206 mil 405 pesos por la prestación del servicio.

Por su parte, el Congreso del Estado, autorizó el 16 de diciembre al Ayuntamiento de Arteaga desincorporar del dominio público municipal el predio rústico recién adquirido, el cual consta de 10 mil metros cuadrados de superficie, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena).

Cabe señalar que, como consta en el informe de correspondencia y documentación, la Secretaría del Ayuntamiento de Arteaga envió al Poder Legislativo el oficio pidiendo la “desincorporación del dominio público municipal” el mismo 16 de diciembre, es decir, se votó por vía rápida, sin que los diputados locales tuviesen un solo día de plazo para verificar o estudiar lo que votaron. En el trámite, no obstante, quedó asentado que fue “turnado a la Comisión de Finanzas”.

De acuerdo con información publicada el 18 de diciembre en el Periódico Oficial, el inmueble se identifica como fracción de terreno “A”: un cuadrado perfecto de 100 metros por cada lado, ubicado en un sitio descrito como El Ojacenal, en la región serrana, y fue transferido a la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Insabi).

Aunque, dicho sea de paso, el Insabi aún no lo incluye dentro de su patrimonio en su reporte correspondiente a diciembre 2020.

Y si bien las coordenadas para ubicar el predio fueron publicadas en el Periódico Oficial, estas no coinciden con el rumbo y conducen a ninguna parte cuando se intentan geolocalizar en la carta topográfica del Inegi con los números divulgados.

Pese a ello se consumó con recursos públicos la operación en solo 82 días, con un candado: si en 24 meses la Sedena no cumple con la construcción “de una base de operaciones militares”, o dé al inmueble un uso distinto al estipulado, se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al municipio. Para entonces, 2023, estarán fuera del Ayuntamiento los hermanos Durán Flores (Jesús, exalcalde de 2014 a 2017, y Everardo, Presidente Municipal de 2018 a la fecha), cuyo círculo de influencia se centra curiosamente en San Antonio de las Alazanas, donde mantienen su residencia.

Y también habrá concluido su responsabilidad el director de Desarrollo Urbano y Catastro, Alfonso Treviño Medrano, quien ha ocupado ese cargo los últimos ocho años y ha sido señalado en este mismo espacio con anterioridad por autorizar a sus socios licencias de uso de suelo y construcción en zonas privilegiadas de la sierra por mil 895 hectáreas en total, quienes posteriormente fraccionan y desarrollan millonarios negocios inmobiliarios en ellas.

Quedan, no obstante, algunas preguntas al respecto.

¿Por qué eligieron esa superficie en particular, si el municipio dispone de una reserva territorial propia que no necesita comprar a terceros? ¿A quién se la compraron, y en cuánto? Ahora bien, si desea usted seguir la pista del caso, ¿sabe cuándo van a transparentar la información al respecto? Nunca. O si tiene suerte dentro de nueve años y ahora explico por qué: porque la primera solicitud que ingrese con ese motivo a cualquiera de las partes involucradas, que a su vez son sujetos obligados, servirá de coartada para clasificar como reservada la información por un máximo del término referido, argumentando que se trata de un asunto de “seguridad”.

Cortita y al pie

En otro tema, ¿es normal que la mayoría de obra pública en Arteaga, escasa en 2020, se la haya llevado un solo contratista por adjudicación directa?

Alrededor de 10 millones de pesos fueron contratados a Mario Navarro García mediante las razones sociales DAVNAV, S.A. de C.V., Construcciones y Edificaciones SALCOAH, S.A. de C.V. y NADAHI COMER, S.A. de C.V. (creadas en 2016, 2017 y 2018 respectivamente, donde él figura como socio).

La última y nos vamos

Por lo demás, como se puede apreciar, no todo es positivo con la “Cuarta Militarización” del país.