Una vez más quedó claro a quién responde y obedece el fiscal “autónomo” Alejandro Gertz. Tras dos días de escándalo y de ignorar las críticas e indignación que causó la libertad de Emilio Lozoya para moverse sin restricciones ni arraigo domiciliario por la ciudad, el fiscal solo reaccionó cuando el presidente López Obrador le pidió públicamente que proporcionara información sobre los privilegios de los que goza Lozoya y, en un escueto comunicado, la FGR afirmó que el exdirector de Pemex “sigue bajo proceso”, que sí “ha presentado pruebas” de sus acusaciones a exlegisladores federales y que tiene de plazo hasta el 3 de noviembre para acreditar sus declaraciones o de lo contrario, tendrá que responder ante la justicia por los procesos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Para que no quedaran dudas de dónde y con quién está la lealtad del fiscal, la dependencia salió a respaldar el endeble argumento del Presidente que se refirió a las imágenes que captaron a Lozoya Austin cenando en un restaurante de lujo en Las Lomas de Chapultepec, como “algo legal pero inmoral, un acto de provocación”.

Curiosamente, mientras sobrerreacciona al humor presidencial, Gertz Manero se escuda en su “autonomía” para no rendirle cuentas ni explicaciones a los mexicanos a los que, según la ley, debiera servir. No solo porque no explica sus cuestionadas actuaciones e investigaciones en contra de los 31 integrantes del Foro Consultivo del Conacyt, o por qué encarceló a la hija política de su hermano fallecido o su muy cuestionada intervención “por abajo del agua” para apurar una denuncia local contra la familia Jenkins, con quienes tuvo diferencias cuando trabajó para ellos en la Universidad de las Américas de Puebla.

Además, el fiscal tampoco ha explicado nunca en qué consiste el “acuerdo de extradición” que firmó con Emilio Lozoya, con su padre Emilio Lozoya Thalmann y con los abogados españoles que los representaron a ambos en aquel país, al momento de que aceptó ser extraditado a México.

Ese acuerdo, por el que la familia Lozoya pagó 5 millones de dólares, fue negociado por Gertz Manero con los abogados del despacho Ilocad, propiedad del afamado juez español, Baltasar Garzón.

Fuentes cercanas a aquella negociación, el acuerdo incluía la promesa del fiscal Gertz de que Emilio “nunca sería fichado ni mostrado a la prensa o expuesto en su imagen personal”, además de no fincarle ni imputarle nuevos delitos.

Ahí se establecieron las bases y el compromiso de la Fiscalía para facilitarle todo a Lozoya, incluido el otorgamiento del criterio de oportunidad y la figura de “testigo protegido”, en el que se le dio además otra concesión: que no fuera sujeto de prisión o arraigo domiciliario, a pesar de que la gravedad de los delitos que le imputan lo ameritaba, y que solo se le monitoreara a través de un brazalete electrónico que le impide salir de la Ciudad de México, pero no moverse libremente, y la obligación de acudir a firmar cada 15 días ante el juez que lleva su caso.

Sería bueno que el fiscal explicara a detalle qué y cómo fue que pactó con Lozoya un trato de privilegios pocas veces dado a un acusado por la justicia mexicana, sobre todo cuando en el Gobierno de la 4T, del que al final forma parte el fiscal con todo y su “autonomía”, se pregona todos los días que ya no se protege a corruptos y que “ya no hay impunidad”.

Y como sabemos que Gertz Manero no va a explicar nada que se le pida desde la sociedad o los medios, pues ojalá y a López Obrador se le vuelva a ocurrir ordenárselo al fiscal en su “mañanera”, que solo así es como reacciona y obedece.