La sombra del narcotráfico volvió a aparecer tras el atentado contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre. Dos días antes, en el programa de Imagen Noticias, el periodista transmitió un video grabado en la iglesia de Parácuaro, durante los festejos de la Virgen de Guadalupe. «Aquí lo que llama la atención es la presencia de ese hombre, Mario Alberto Romero, a quien le dicen el Tucán, uno de los supuestos objetivos prioritarios del Gobierno federal, a quien busca el Gobierno federal, por supuestamente ser el jefe de plaza de los Caballeros Templarios en esa región. (…) Además, ahí hay policías municipales cargando el arreglo floral que esta persona le llevó a la Virgen. El Tucán entró y salió de la iglesia sin problemas. (…) ¿No reconocieron a esta persona?

Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, reprodujo en Twitter la noticia, con una nota incriminatoria: «Lo más probable es que el atentado de ayer esté relacionado con esta ventaneada que CGL (Ciro Gómez Leyva) le dio al tal Tucán». Romero desmintió la versión a través de sus abogados. «Ni soy prófugo, ni objetivo prioritario». José Refugio Rodríguez declaró a Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que su cliente «estuvo preso y acusado de delincuencia organizada, pero no es un delincuente prófugo» (Infobae, 19.12.22).

Reporteros Sin Fronteras (RSF) reprocha al presidente Andrés Manuel López Obrador que, a cuatro años de haber asumido el poder, aún no haya emprendido «las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa». Pues «México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas». La concentración de medios de comunicación en nuestro país es una de las mayores del mundo y «pone muy difícil a los medios pequeños abrirse hueco o, incluso, a subsistir. (…) Esta situación hace que cada vez más periodistas independientes publiquen contenidos propios en las redes sociales».

Sobre el contexto político nacional, la organización advierte: «El presidente López Obrador y otras figuras del Estado han adoptado una retórica tan violenta como estigmatizante contra los periodistas, a los que acusa regularmente de promover a la oposición». En tal circunstancia, no hacen falta leyes que obstaculicen la libertad de informar, pues «la censura se ejerce mediante amenazas o ataques directos contra los periodistas, más que a través de acciones judiciales, detenciones o suspensiones de actividad».

Por otra parte, «La connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por huir al extranjero».

La vida de un periodista vale lo mismo, sea o no famoso y al margen del medio donde preste sus servicios. La atención brindada a uno, debe ser la misma para todos. ¿Es genuina la preocupación y el deseo de proteger la libertad de expresión y la vida de los informadores? ¿Existe voluntad para poner coto a la violencia y a la impunidad? Si es así, el Estado, los partidos, los medios de comunicación y los actores políticos deben demostrarlo y abandonar la iracundia y la mentira, renunciar a dogmas y prejuicios. Utilizar a los periodistas so pretexto de justificar sus fracasos es mezquindad supina.