El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está calentando las universidades con torpezas y declaraciones irresponsables, como consecuencia de su desdén por la educación superior. Esto se puede comprobar con el castigo presupuestal a las instituciones públicas, mientras asigna mil millones de pesos a la farsa de sus universidades “Benito Juárez”, donde la precarización educativa será, deliberada o inopinadamente, el objetivo ulterior. Su desprecio por el conocimiento ha allanado el espíritu troglodita en su equipo de trabajo que actúa con arbitrariedades e ilegalidades, prepotencia y amenazas.

López Obrador y sus colaboradores están utilizando la fuerza para imponer y someter, y al querer aplastar al CIDE, escenario de la última embestida contra la educación superior, han generado anticuerpos que, aunque están actuando con prudencia, advierten una ruta de colisión que hoy se ve inevitable por la lógica del Gobierno, dibujada hace unos días por el impugnado nuevo director de la institución, José Romero Tellaeche, que como presión para que alumnos y maestros regresaran las instalaciones que tomaron, les recordó que eran territorio federal. Nadie entendió la amenaza, pero lo que dejó entrever es la posibilidad de utilizar a militares para desalojarlos.

¿Qué pretende el Presidente? Claramente, colonizar y alinear acríticamente a su proyecto las instituciones de educación superior, bajo la premisa que elaboró Romero Tellaeche en un artículo en el número 345 de Trimestre Económico de marzo del año pasado, donde argumentó que las ciencias sociales no sirven. “Las ciencias sociales y humanidades… aunque evidentemente importantes, no están relacionadas con la producción nacional de bienes y servicios”, escribió. “¿El país requiere que 31% de los investigadores mexicanos estén dedicados a las ciencias sociales y humanidades?… Los académicos en México se han convertido en un estamento con intereses propios, combativos, que defienden sus prerrogativas pero que aportan muy poco a la sociedad, y se resisten al cambio”.

López Obrador no quiere una sociedad pensante, porque no sabe enfrentar críticas ni tolera disidencias. Su pensamiento único, que tiene orígenes en el pensamiento conservador, busca conquistar las mentes. El dique son las instituciones de educación superior, con su pensamiento crítico y pluralidad, que les estorban a sus amagos totalizadores. En Centroamérica en los 80 y en América del Sur en los 50 y 70, maestros, líderes estudiantiles o sindicalistas eran enemigos de las dictaduras porque pensaban y actuaban, y los asesinaban. Hoy, la Fiscalía General acusa a científicos de delincuencia organizada y quiere encerrarlos en penales de máxima seguridad. Es decir, cambiaron los métodos, pero no los esfuerzos por controlar las mentes, que es lo que diariamente intenta en las mañaneras.

La embestida contra las instituciones de educación superior tiene diferentes caras. La última es el conflicto dentro del CIDE, donde la elección de Romero Tellaeche, aunque envuelta en fallas procesales y mentiras de la directora del CONACYT, María Elena Álvarerz-Buylla, se encuentra dentro de los parámetros de la legalidad. Lo que es improcedente es la purga iniciada por el nuevo director contra académicos que habían expresado independencia del gobierno. Este conflicto no tiene hasta ahora un puente de comunicación, pero están creciendo los apoyos a la comunidad académica agraviada del CIDE. El más notorio es el comunicado de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Anuies, que al pedir el diálogo como método de solución de la controversia, expresó de manera implícita que no están de acuerdo a cómo Álvarez-Buylla procesó la designación del director.

El paro en el CIDE no es el único. Desde hace unos cinco meses los alumnos tienen tomada la Universidad de las Américas en Puebla, en protesta por lo que consideran un asalto a esa institución en donde están involucrados el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en apoyo a un miembro de la familia Jenkins, empantanada desde hace años en un conflicto de dinero entre los hermanos. Ese conflicto no tiene para cuándo resolverse, y su litigio en tribunales ha impactado la vida académica de la universidad.

López Obrador ha expresado directamente sus agravios contra la UNAM de manera hostil y pública, acusándola de manera falaz de ser un reducto del neoliberalismo que acalló la crítica durante los gobiernos tecnócratas, y contra la Universidad de Guadalajara, a partir de la influencia que tiene en esa institución Raúl Padilla, quien creó y encabeza la Feria Internacional del Libro, la más importante en el mundo de habla hispana, y que López Obrador y su séquito de intelectuales orgánicos considera, con el pensamiento simplista y reduccionista que los caracteriza, bastión del conservadurismo.

La mano autócrata del Presidente y la forma como sus colaboradores actúan ha tenido réplicas en el país. El mejor ejemplo es la Gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quien en la mejor escuela de López Obrador, se metió a la Universidad de Chihuahua y presionó para que se precipitara la sucesión en la Rectoría, con el argumento político no explícito de que esa administración era fiel al exgobernador Javier Corral. Campos, que se dice demócrata, ejerció la mano dura en esa institución.