Si bien la minería del carbón se practica desde hace un par de siglos en Coahuila, es necesario precisar su dinámica, pues aunque siempre ha coexistido como un elemento más de la naturaleza, anterior incluso a nuestra existencia, los alcances del tema no son del conocimiento general: su funcionamiento compete de principio a fin al Gobierno federal, sin importar que tajos, pocitos o cuevas estén geográfica y geológicamente dentro del territorio estatal, específicamente la Región Carbonífera (donde están las mayores reservas del país).

Constituye, una “embajada” del Ejecutivo. A través de la Secretaría de Economía se concesionan lotes mineros para su explotación, y la supervisión laboral es encargada a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El negocio, lo fomenta la Comisión Federal de Electricidad, quien compra el carbón para generar energía eléctrica en sus centrales termoeléctricas de Nava. Hasta aquí el ciclo está completo. Pero no es un círculo virtuoso, sino vicioso.

Y viene a cuento luego del accidente ocurrido el 3 de agosto en Agujita, población de Sabinas, que dejó 10 trabajadores atrapados en el interior de la tierra.

Primero lo primero. ¿De quién es el lugar donde ocurrió el derrumbe?. El título de concesión originalmente se solicitó el 31 de mayo del 2000, es decir, 32 días antes de las elecciones presidenciales, y fue otorgado hasta el 18 de noviembre de 2003, por una vigencia de 50 años, a Minera Río Sabinas, S.A. de C.V.

El 25 de mayo de 2006, 38 días antes de las siguientes elecciones, fueron cedidos los derechos a título gratuito a José Ángel Ramírez Ramón, dueño entonces de Minera El Botín, S.A. de C.V. (que transfirió a sus hijos Rocío Estela y José Ángel Ramírez Cáceres, en 2011), y a su vez, lo vendió el 13 de noviembre de 2015 a Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V. (con quienes había firmado un contrato previo de explotación de noviembre 2012 a octubre 2015).

Pinabete, el nuevo jugador, es desde entonces el concesionario del lote de 25 hectáreas conocido como Las Conchitas. No obstante, antes de avanzar en los detalles de la empresa, un paréntesis. (Ramírez Ramón originalmente compartía un porcentaje menor de Minera El Botín con Rodolfo Alfredo Garza de la Garza, quien era uno de los 23 socios de Minera El Hondo, S.A. de C.V., creada en 1991 y embargada en 2007, donde participaban, entre otros, el exalcalde de Sabinas, David Yutani Kuri, y David Carabaza Guajardo, dueño de Minera Davica, S.A. de C.V. (2009).

Y ahora sí, Pinabete; le perteneció a Héctor Omar Villarreal González y Héctor Omar Villarreal Beltrán, padre e hijo, de Sabinas, socios desde el 27 de marzo de 2012.

Sin embargo, el 10 de enero de 2019, dos meses antes de tramitar un cambio de uso de suelo en el Ayuntamiento de Sabinas, vendieron 94% sus acciones a Luis Rafael García-Luna Acuña, de San Pedro Garza García, Nuevo León, y 6% restante a Arnulfo Garza Cárdenas.

En la fecha de la operación, cabe señalar, Manuel Bartlett cumplía sus primeros 40 días como director general de CFE. Y como detalle al margen: Bartlett pertenece al mismo grupo político que Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional de Morena, quien representando al partido adquirió a su más cercano colaborador y socio la casa de campaña que usó López Obrador en 2018, en la Ciudad de México.

Yeidckol, a su vez, ha participado con Régulo Zapata Morales, dueño de Beneficios Carboneros AJ, S.A. de C.V., en proyectos de comunicación política, y este es socio del referido Luis Rafael García-Luna Acuña en la empresa Desarrollos Mecatrónicos Catam, S.A. de C.V., y en Helicon Data, S.A. de C.V., ambas domiciliadas en Nuevo León.

En Cartones El Rey, S.A. de C.V., también de Régulo, constituida el 20 de agosto de 2019 en Monterrey, figura en el órgano de vigilancia de la empresa un pariente de Luis Rafael García-Luna Acuña, de nombre Juan Salvador García-Luna Vargas.

Ambos, Régulo y Luis Rafael, quien aparece en documentos como concesionario de la mina siniestrada que da pie a esta columna, son proveedores de CFE, con Bartlett Díaz. Ahí se cierra la pinza.

De acuerdo con la Organización Pasta de Conchos, hay más muertos en el sexenio actual (que apenas va por el cuarto año) por actividad en las minas de carbón, que en todo el pasado.

Al respecto hay varios factores a considerar pero la cancelación del contrato multianual vigente que tenía Minera Carbonífera Río Escondido con CFE, en 2020, es el detonante del cambio para mal de la política energética en el sexenio.

Me explico. Como se ha publicado en este mismo espacio anteriormente, el mineral con características específicas que monopolizaba Micare, fue sustituido en la multimillonaria adquisición que realizó CFE en 2021 por “lamas” y “patios”, es decir, sobrantes, que revendió mayoritariamente Antonio Flores Guerra, hermano de Tania, Alcaldesa de Múzquiz por Morena, obteniendo entre las sociedades mercantiles de la familia contratos por mil 508 millones de pesos ese año.

En las adjudicaciones correspondientes a 2022, reseñadas aquí con suficiencia, ya no aparece carbón “de diseño”, sino mineral de bajo poder calorífico mezclado con combustible que, sin llamarlo por su nombre debido al descrédito que representa, es combustóleo. Un experimento en ciernes.

Y aquí viene lo interesante. A diferencia de la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles, conocida como megacentral de Petacalco, en Guerrero, donde CFE paga la tonelada de carbón importado en 4 mil 500 pesos, en la Carbonífera no rebasa los mil 200, incluyendo IVA y IEPS. Y allá un solo proveedor de la CDMX, vinculado con Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, se embolsó por adjudicación directa en marzo del presente año 41 mil 866 millones de pesos, como se publicó aquí el 29 de mayo.

Ello supone un problema: la precarización. Abaratar costos de producción y destinar menos recursos a la seguridad de los mineros. Y tiene una raíz: el “austericidio” como política de estado que, en la práctica, no es otra cosa más que recortar a destajo recursos federales, sin ciencia ni evidencia, para redirigir los retazos hacia los proyectos insignia del Presidente (que no del Gobierno, ni siquiera de la República pues nadie los pidió, para acabar pronto).

Otros factores como el abandono a su suerte de grandes extensiones de territorio sin supervisión de la STYPS, también por recortes, o que se han ido agotando las vetas de fácil acceso haciendo cada vez más peligrosa la minería, o que el Fondo Minero que se destinaba a los municipios fue desaparecido en 2020, o sacar a la Promotora para el Desarrollo Minero (2003-2020) del juego, también contribuyen al deterioro.

Cortita y al pie

Y luego, la incompetencia local. El Cabildo de Sabinas, encabezado por el Alcalde (y también carbonero) udecista, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, aprobó el 5 de marzo de 2019 el cambio de uso de suelo, de zona de riesgo a industria extractiva, “para poder llevar a cabo un desarrollo”.

En la exposición de motivos, la cual consta en el acta de la sesión identificada con el número 7, es el edil quien intercede y dice textualmente, a manera de mérito, que Héctor Omar Villarreal González, de Minera Pinabete, “donó una vez (sic) un terreno que no está regularizado por una firma porque no se entendió con los gobernadores de apellido Moreira. No va a afectar el área”, recalcó refiriéndose al impacto ambiental.

Antes, el 4 de marzo, la Dirección de Obras Públicas a cargo de Alejandro Mendoza Quintanilla, dijo “no ver inconveniente en validar la solicitud” de cambio de uso de suelo. Y empezó el problema.

La última y nos vamos

Nada sano sucede bajo la superficie; ni encima. Sin embargo estábamos mejor cuando estábamos peor.