Inesperadamente los protagonistas del debate celebrado el domingo entre los cuatro candidatos a la Gubernatura fueron los moderadores –periodistas ambos– quienes por sus servicios profesionales cobraron cada uno 120 mil pesos de honorarios al Instituto Electoral de Coahuila.

No nos centremos en el recurso facilón del dinero, capaz de indignar a cualquiera, como habitualmente lo usa el Presidente de la República para emprender campañas de falacias en contra de alguien o algo en la opinión pública, sino en lo verdaderamente importante: su desempeño como conductores.

Seamos sinceros: nadie espera un ejercicio civilizado de confrontación de ideas, donde unos y otros candidatos someterán al escrutinio público su proyecto estatal. Sabemos de antemano que habrá violencia verbal, desorden, descalificaciones, señalamientos sin sustento, láminas y cárteles como presuntas pruebas de algo. Fuegos fatuos, en resumen.

Quien albergue la esperanza de oír propuestas o peca de candidez, o ha vivido bajo una piedra toda su existencia.

Ahora bien, tal vez usted no vio el primer encuentro de dos que se celebrarán oficialmente, y si lo vio, puede llegar a coincidir o no, pero el excesivo protagonismo por parte de la moderadora (Sandra Romandía, convertida en una engorrosa y parcial entrevistadora sobre temas ajenos a lo que previamente votó el Consejo General del IEC) y el desconocimiento del medio y del territorio por parte del moderador (Javier Solórzano, cuestionando tópicos que nada tienen qué ver con Coahuila) echó a perder un ejercicio que cuesta varios millones de pesos y lo más relevante: constituye tal vez el único momento en que los cuatro aspirantes a encabezar el Poder Ejecutivo aparecen juntos, y más allá del morbo que genera la interacción entre ellos (los gestos, las miradas, el comportamiento) existe oportunidad para contrastarlos.

Mientras detalles nimios se someten a sorteo previamente, como el orden de participación de los candidatos o su ubicación en el escenario, ese afán por importar periodistas que residen en la Ciudad de México, bajo la creencia de que la lejanía territorial supondrá neutralidad, indirectamente asume que no hay condiciones en el estado para designar comunicadores locales como responsables del ejercicio, lo cual constituye un pensamiento centralista y colonizado.

No es por exacerbar la bandera del regionalismo, sin embargo la que aparenta ser una decisión salomónica, para dejar conformes a tirios y troyanos en disputa, reduce al gremio estatal a convidados de piedra, para quienes está vedado el acceso por una prohibición de facto y pone su labor como sector profesional en tela de juicio, cuya función es capital para la estabilidad democrática.

Cortita y al pie

No sucedió en 2017, por ejemplo, donde por primera vez en el estado y por mandato de ley se establecieron dos debates obligatorios por cada proceso electoral para renovar la Gubernatura.

Entonces participaron los periodistas Ana María Salazar y Carlos Puig en los encuentros uno y dos respectivamente, desempeñando un sobrio papel en la conducción.

Cabe señalar que hace seis años la complejidad en los encuentros era superior, pues la preferencia electoral era prácticamente similar entre las dos principales alianzas contendientes, lo cual genera polarización y encono natural en una competencia política. Situación que no identifican las encuestas del presente proceso, donde para dimensionar existe una marcada diferencia entre el favorito y el segundo lugar.

Además de lo anterior, en 2017 hubo siete candidatos en la boleta, lo cual supone mayor dispersión y descontrol en el desarrollo del evento, a diferencia de ahora, con solo cuatro aspirantes; aún con esas características a su favor el descontrol se presentó ahora y no en el pasado.

La última y vamos

Hoy todavía es tema, mañana probablemente no lo sea ya. Y en el imaginario colectivo quedarán por unos días más los bloopers y sus memes.

No obstante es pertinente aprovechar la ocasión para recordar que los periodistas no somos la noticia, como dictan los mandamientos de Tomás Eloy Martínez, y que nunca podemos estar delante de la información.

“No somos fiscales de la patria, ni héroes civiles, ni vedettes. Somos personas comunes obligadas moralmente a contar lo que pasa, desde nuestra subjetividad y de la manera más precisa y completa posible”, como dice Reynaldo Sietecase en su Decálogo de Ética Periodística.

Máxime cuando, por espacio de dos horas, foráneos se convierten en representantes del árbitro local, el cual se rige bajo principios rectores de la función electoral como imparcialidad y objetividad. Es cuanto.