Superada la etapa de designación de aspirante a candidato a Gobernador de Coahuila en Morena, quedan las cuentas por pagar. En lo económico y en lo jurídico. Lo primero es asunto de Inteligencia Financiera, lo segundo aún está por verse.

Fueron ocho meses de propaganda ininterrumpida de Mejía Berdeja en el estado como para simular que aquí nada pasó. De abril a diciembre. No solo la publicidad intrusiva en las direcciones IP de la localidad, adscrita al mundo digital, sino espectaculares, volantes, calcomanías y tabloides en el plano material, sin freno y sin escatimar en gastos. Sin precedentes en la entidad.

Debido a lo anterior cabe plantearse una pregunta: ¿el caso no merece ser considerado siquiera como ejemplo de lo que no se debe hacer para futuros procesos electorales locales? ¿Vuelta a la página?

Especial atención merecen las actuaciones del Instituto Electoral de Coahuila. Denunciado Ricardo Sóstenes el 24 de agosto por actos anticipados de campaña, no fue sino hasta el 18 de octubre que resolvió los recursos; casi dos meses después. ¿Tenían mucho trabajo en el IEC, considerando que no es año electoral y por tanto no existe un proceso abierto? ¿Qué los distrae de sus funciones?

Y aunque inicialmente la Comisión de Quejas y Denuncias había emitido medidas cautelares, consistentes en el retiro de la publicidad dispersada entre 18 espectaculares, 18 bardas y 16 lonas en nueve municipios de Coahuila, esta se hizo efectiva a medias. De igual forma, como “tutela preventiva”, se le conminó a Mejía Berdeja a abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales “tendientes a posicionar su imagen de cara al próximo proceso electoral local 2023 en Coahuila”. Tampoco se cumplió.

Inclusive 29 espectaculares más no fueron retirados, al considerar improcedente la solicitud. Fue hasta el 7 de diciembre que intervino el Tribunal Electoral de Coahuila, vía el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía identificado con el folio TECZ-JDC-485/2022, que se obligó a quitarlos de ser necesario con el uso de la fuerza pública.

Pese a que las sanciones del IEC fueron más cosméticas que efectivas, el 25 de octubre vía correo electrónico la referida Comisión de Quejas y Denuncias recibió un medio de impugnación a nombre de Ricardo Sóstenes. Su defensa, pues. En el texto mencionaba que, días después, por paquetería, sería enviada la demanda original (misma que llegó el día 28). Lo cual denota el desarraigo con la entidad. Su ausencia del territorio y la falta de representantes en su nombre.

También es notorio que ni siquiera usó su cuenta personal para realizar el envío, sino recursos oficiales y la dirección electrónica de un empleado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana donde cobra, de nombre Mario Alvarado. Tampoco incluyó su firma autógrafa en los documentos, es decir, de puño y letra. Por dicha razón el Tribunal desechó de plano sus dos demandas: la primera por enviarla fuera de tiempo, y la segunda por presentarla sin firma. Requisitos esenciales que se convierten en errores básicos y un abogado como él debería saber que cuestan juicios.

Se trata de los asuntos TECZ-JDC-489/2022 y TECZ-JDC-492/2022, iniciados por Mejía Berdeja contra la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila. El pasado miércoles 7 de diciembre resolvió ambos el Tribunal Electoral de Coahuila.

Ahora bien, horas después de la sesión donde se dictaminó lo anterior, sin mencionarlo por su nombre pero en franca referencia, Ricardo Sóstenes publicó en su cuenta oficial de Twitter que la corrupción “tiene sometido al aparato judicial en Coahuila”.

Cortita y al pie

Luego de descalificar el proceso interno de Morena en el que se ubicó en un lejano tercer lugar de preferencia, el cual concluyó el pasado lunes 12 de diciembre con la nominación de Armando Guadiana, Ricardo Sóstenes anticipó su deseo de “explorar opciones” por la vía legal para cambiar el resultado.

Sin embargo en su exabrupto chocó con las propias reglas que previamente había aceptado de conformidad. En específico la base quinta de la convocatoria para la Coordinación de Comités de Defensa de la Transformación en el estado, la cual señala que “queda estrictamente prohibido que quienes son aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o protagonistas”.

Violar esa disposición se sancionará con “la cancelación del registro del aspirante al cargo que pretende ocupar”. Supuesto en el que se halla.

La última y nos vamos

El ciclo del perfecto antidemócrata: despreciar al árbitro; dolerse de sus actuaciones; victimizarse; y cantar fraude. Enjuague y repita.