Cada día que pasa es más evidente que el Gobierno federal y su partido sostienen un proyecto para detentar el poder público durante un largo plazo de tiempo y que la estrategia, a juzgar por los resultados de sus acciones, consiste en conseguir el respaldo de amplios sectores de la población mediante subsidios económicos directos y acciones “populares”, aunque con ello se provoque la ruina del país.

El proyecto no es, como podría pensarse, para impulsar el crecimiento económico de México, superar la pobreza y la desigualdad, mejorar la salud y la educación, tener mejor seguridad pública o proteger la dignidad y los derechos de las personas; o como se ha demostrado en la emergencia sanitaria, el proyecto ni siquiera implica un esfuerzo por preservar la vida misma de la gente.

No, el proyecto es tener asegurada la mayor cantidad posible de votantes, sin importar el deterioro económico, la erosión de las instituciones y el desplome de los indicadores del bienestar.

Hasta hoy el crecimiento económico ha sido negativo: el -0.1% en 2019 (antes de la pandemia) y el -8.5% en 2020. En este año el crecimiento puede ser favorable, alrededor del 6.0% pero no alcanzará para recuperar el rezago acumulado.

Las situaciones que generan desconfianza e incertidumbre, como la cancelación de importantes proyectos de infraestructura y productivos, la eliminación de fideicomisos constituidos con recursos presupuestales para atender necesidades importantes del país, la supresión de programas sociales exitosos, y ahora la contrarreforma energética, es muy posible que empeoren el clima para el desarrollo de nuevas inversiones.

Tan solo en Coahuila están detenidos –como lo informó recientemente el Gobernador– 13 proyectos de inversión para generar energías limpias por la contrarreforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal.

Todo esto afectará negativamente la competitividad, el crecimiento económico, la generación de empleos y, por supuesto, el bienestar de la población.

La política social se ha orientado básicamente a canalizar subsidios económicos directos a diferentes estratos de la población, organizar padrones de beneficiarios y convertirlos en simpatizantes del partido en el gobierno mediante toda una red nacional de operadores denominados Siervos de la Nación.

Así es como funcionan los programas de apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres y a las personas con discapacidad. También se incluyen programas como Sembrando Vida y otros de apoyo en el sector rural y el sector educativo.

No obstante la magnificación que hace el Gobierno federal de los programas sociales y de su lema “primero los pobres”, tan solo 30% de las familias en condiciones de pobreza reciben apoyos económicos de los programas sociales, lo cual demuestra que la estrategia no persigue acabar con la pobreza, porque con ese mecanismo es imposible, y más bien se trata de una estrategia para fortalecer una base social electoral.

Según los estudios del Coneval, de 2018 a 2020 la población en situación de pobreza se incrementó en 3.8 millones de personas, al pasar de 51.9 a 55.7 millones, y la población en condiciones de pobreza extrema se incrementó en 2.1 millones de personas, al pasar de 8.7 a 10.8 millones. Estos datos hablan por sí solos de la ineficacia de la política social del Gobierno federal.

Las decisiones gubernamentales boicotean el crecimiento económico, agudizan las condiciones de pobreza y de desigualdad social, y generan un clima de polarización política que inevitablemente conduce a la ruina.

Apremia una respuesta ciudadana contundente para detener los despropósitos de quien ejerce el Gobierno federal y que trabaja por un proyecto de poder político que significa la devastación del país.