Si bien la deuda de Coahuila como tema interesa cada vez menos en la opinión pública y conforme pasan los años pierde fuerza como arma de la oposición para enervar a la sociedad primero, polarizar después y eventualmente capitalizar en la única materia que les interesa: la electoral, en los hechos existe, y acaba de ser renegociada por cuarta vez desde su consecución en 2009, cuando se pidieron los primeros préstamos millonarios que a la fecha se arrastran como bola de nieve.

Pero antes de abordar el punto, una premisa: los contratos de crédito no desaparecerán porque un partido, o peor aún, un candidato, lo deslice o directamente lo prometa.

Entre otras cosas, las campañas de 2023 revelaron especialmente que quienes aspiran a gobernar el estado, ya sea como emergentes opciones o veteranos políticos, poco saben del asunto y nada interesante pueden proponer en consecuencia. No hay alternativa.

No con ellos, por lo menos. Ciclados en la perorata machacona, sin acciones efectivas, irónicamente han contribuido a orillar el caso hacia la irrelevancia en la agenda pública.

Ahora sí, al grano. El lunes, en la misma jornada, se presentaron las propuestas de los bancos interesados y se falló el procedimiento de adjudicación en el acto.

El 10 de octubre serán formalizados los nuevos contratos, con duración de 20 años (suponiendo sin conceder que jamás volverían a ser renegociados en ese plazo, lo cual se antoja imposible).

Se dijo aquí el 20 de agosto a propósito de la convocatoria para la nueva reestructura de la deuda que la responsabilidad de las instituciones bancarias en el negocio desde un inicio ha sido un elemento poco explorado aunque trascendental. Prácticamente no se cuestiona su actuar.

En ese sentido la participación de BBVA y Santander es un ejemplo. A ellos la administración estatal, durante la gestión de Héctor Javier Villarreal Hernández como secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec) les presentó en su día documentos falsos –específicamente decretos apócrifos presuntamente publicados en el Periódico Oficial del Estado– como pruebas para solicitar endeudamiento a nombre de Coahuila en 2009 y 2010 por 3 mil 300 millones de pesos en suma, y no solamente los dieron por válidos, sino que años después, cuando se descubrió la trama de corrupción, no hubo ninguna consecuencia de su error (o peor aún, de su dolo) ni sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con fecha 2 de diciembre de 2009, 12 de julio de 2010 y 2 de septiembre del mismo año, se formalizaron los contratos. Hasta 2 mil 200 millones de pesos con BBVA y mil 100 millones más con Santander. Lo anterior consta en el oficio SEFIN/UT/1181/2018 de la Secretaría de Finanzas, en poder de quien esto escribe.

Ahora bien, a fin de legalizar lo mal habido, en la primera renegociación (la cual data de 2011) ambos modificaron su parte proporcional y entre 11 bancos se convirtieron en depositarios del total.

Posteriormente, en 2015, con la segunda reestructura, se redujo a siete instituciones bancarias el número, siendo Grupo Financiero Interacciones el predominante.

Y ahora los coahuilenses pasaremos de ser deudores de Multiva, Banobras y Banorte, como actualmente somos desde 2018, con la tercera renegociación, a serlo una vez más de Banobras y Banorte, con 22 mil y 8 mil 269 millones 382 mil pesos respectivamente, aunque también de BBVA y Santander, quienes habían quedado fuera del negocio y solo concedieron a Coahuila créditos a corto plazo en los últimos años. El otro que salió de la ecuación fue Multiva, de Olegario Vázquez Aldir.

Así BBVA y Santander, banca comercial, no especializada, regresan hoy como paladines del crédito público a largo plazo con 4 mil y 2 mil millones de pesos cada uno, y lo más importante: ya con los expedientes blanqueados gracias al tiempo transcurrido y particularmente a la triangulación temporal de las obligaciones con sus homólogos en el sistema financiero.

En sus manos (o en sus garras, según se vea) acabará parte del presupuesto anual correspondiente a las próximas dos décadas. De entrada, absorberán 15% de las participaciones federales del estado asignadas como fuente de pago entre los dos.

Cortita y al pie

Unos van y otros vienen, pero el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago F/1163, celebrado con fecha 30 de septiembre de 2011 entre el Estado y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero, permanece como testigo de piedra en la deuda de Coahuila.

A punto de cumplir 12 años, el documento ha sido “reexpresado” el 26 de junio de 2015 y el 19 de octubre de 2018, además de haber sido modificado el 7 de marzo de 2019 y el 30 de mayo de 2022.

Diferentes instituciones financieras han participado en ese tiempo, generando distintas condiciones y plazos. Los nuevos créditos suprimen vicios de origen que se lavan y se borran, pero la memoria queda. E Invex lleva el registro.

La última y nos vamos

Vuelta a la página, por lo demás. Y BBVA y Santander como si nada.