Ciudad de México.- El modelo de vivienda en México acaba de dar un volantazo histórico. El Senado ha dado luz verde a una reforma a la Ley de Vivienda que busca arrebatarle al mercado el control exclusivo sobre dónde y cómo viven los mexicanos. La apuesta es clara: el Gobierno federal, a través de la Sedatu, ya no solo vigilará desde lejos, sino que entrará directamente al terreno de juego para construir, comprar y rehabilitar inmuebles.

Mucho más que cuatro paredes

La nueva ley no se limita a amontonar ladrillos. Por primera vez, se establece con rigor legal qué significa una vivienda adecuada. El concepto ahora es multidimensional y obliga a que las casas cumplan con criterios que antes eran opcionales o lujos de clase media:

Asequibilidad: El pago de la casa no puede asfixiar el gasto en comida o medicinas.

Ubicación estratégica: Se acabó el enviar a las familias a la periferia; las casas deben estar cerca de escuelas, hospitales y empleos.

Habitabilidad y servicios: Agua, luz y materiales seguros son ahora el estándar mínimo irrenunciable.

Seguridad jurídica: Se establecen candados contra desalojos injustificados, otorgando paz mental a quienes rentan o están pagando su hogar.

Nuevas reglas, nuevos dueños

Lo más disruptivo de esta reforma son las facultades que adquieren los organismos públicos. A partir de ahora, instituciones como el Infonavit o el Fovissste podrán explorar el modelo de renta accesible, una opción vital para jóvenes y familias de bajos ingresos que no califican para un crédito bancario tradicional.

Además, se dará un impulso inédito a la autoproducción, financiando a las personas para que construyan en sus propios terrenos con asesoría técnica, respetando la adecuación cultural de cada región.

El reto de la ejecución

El dictamen ya viaja hacia la oficina del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El éxito de esta ley dependerá de que el Gobierno logre coordinarse con el sector privado y social para reducir un déficit habitacional que ha castigado durante décadas a los trabajadores informales. El papel ha aguantado todo; ahora falta que los cimientos se levanten donde la gente realmente los necesita.

¿Crees que este nuevo modelo de “Estado constructor” logre bajar los precios de la vivienda frente a la gentrificación actual, o el reto operativo será demasiado grande?