Congresos pusilánimes, oposiciones sin autoridad ni liderazgo, cámaras empresariales apocadas, una aparente amnesia colectiva y un Sistema Estatal Anticorrupción inoperante, han relegado el tema de la deuda por 38.5 mil millones de pesos del moreirato, cual si fuese algo anecdótico, pasajero e inocuo, y no el mayor agravio a un estado que se jacta de ser baluarte de la legalidad y las libertades.

La tarea de señalar al elefante en la habitación, como al rey desnudo del cuento de Hans Christian Andersen, la realizan unos pocos. Armando Guadiana, quien como particular fustigó el moreirazo, en el Senado prefirió darle carpetazo.

En ese mar de intereses y componendas, el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna pone el dedo en la llaga.

“Un estado que en los últimos 10 años tiene que destinar en promedio el 10% de su gasto total al costo de la deuda pública, difícilmente puede hacer frente a otras necesidades apremiantes como mejorar infraestructura pública en los servicios de salud, educación, seguridad, entre otros”, advierte Marco Antonio Zamarripa, director del organismo (CCI, 03.07.21).

Los análisis del consejo, por su puntualidad, resultan molestos para las autoridades estatales y municipales. Frente a la atonía de las oposiciones, el músculo social se desarrolla. “… en los últimos cuatro años (en Coahuila) se ha gastado más de lo que ingresa a las arcas (…) en 2017 el estado tuvo ingresos por 48 mil 883 millones de pesos y su gasto total fue de 52 mil 450 millones”.

“Para cubrir el déficit, el Gobierno contrató deuda por mil 300 millones de pesos “sin permiso del Congreso estatal, pues es menor al 5% del total de los ingresos del estado y no requiere aprobación”, observa Zamarripa.

El déficit del año pasado –agrega– ascendió a 2 mil 663 millones de pesos de los cuales 2 mil millones también se cubrieron con obligaciones. “Con datos de 2020, la deuda de Coahuila asciende a 43 mil 681 millones de pesos (…) 38 mil 340 es deuda a largo plazo con entidades financieras y 5 mil 341 es deuda a corto plazo con proveedores”.

Para el CCI “lo más frustrante” es el monto de los intereses: 4 mil 470 millones de pesos en 2020, “algo así como 12 millones de pesos diarios a una tasa promedio ponderada del 6.2% mientras el promedio nacional (…) es del 4.7%. Coahuila es el estado con el plazo más largo para el pago total de la deuda (23 años), sin considerar (futuras) contrataciones”. Con ese lastre, el estado carece de liquidez para emprender obra productiva y empleo, concluye.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Coahuila y otros estados pudieron amortiguar sus crisis financieras mediante deuda, subsidios y aportaciones federales. Con un presidente débil y casi siempre ausente, los gobernadores utilizaban a “sus” diputados y senadores para presionar y obtener ventajas presupuestarias sin rendir cuentas.

Los legisladores de Morena y sus adláteres tienen la consigna de cerrar las llaves de Hacienda a los ejecutivos locales por haber dado mal uso a los fondos aprobados por el Congreso.

Andrés Manuel López Obrador trata de combatir la corrupción también en los estados; una forma de hacerlo es enviarles menos recursos, aun cuando, en algunos casos, la población resulte afectada.

Al mismo tiempo le resta fuerza a los gobernadores, sobre todo a los detractores de la cuarta transformación y a quienes, en palabras suyas, son tapaderas de sus predecesores.