Es cultural. En los tiempos que se viven, el saltillense debe tener tres fotografías publicadas en sus perfiles de redes sociales para considerarse un triunfador en la élite de la civilización local: en algún viñedo de la Región Sureste, de preferencia con sombrero de Indiana Jones y copa en la mano (aunque no sepa cómo sujetarla); en alguna cabaña de la sierra de Arteaga, de preferencia donde haya bosque y coníferas de fondo (aunque no haya rentado ninguna en su excursión); y finalmente la joya de la corona: frente al hotel SAFI, ubicado en el corazón de San Pedro Garza García, de preferencia desde la acera denominada ‘fashion drive’ (aunque sólo haya ido a comprar un elote en vaso).

Lo anterior representa un triunvirato de momentos a coleccionar y presumir a terceros. Simboliza la Santísima Trinidad contemporánea en la que cree y funda su razón existencial en el mapa.

La semana pasada, como cualquier saltillense que “dominguea” en el vecino estado, Bernardo Aguirre Aldret, de 38 años, nativo de Saltillo, fue asesinado con un arma de fuego, de cuatro disparos a quemarropa, a plena luz del día en el restaurante del mencionado hotel SAFI.

Al tratarse de un delito de alto impacto, la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, en las horas posteriores al homicidio, cateó la vivienda de la víctima, ubicada en una zona residencial al sur de Monterrey, y encontró “armas y drogas” en cantidades que no indician venta sino uso, portación y consumo personal.

La Fiscalía General del Estado difundió entonces esos datos y nada más; llenó con ello el vacío informativo, y solventó a medias las inquietudes que pudiese presentar la opinión pública, al asumir esta por consecuencia una hipótesis del caso: el ultimado andaba en malos pasos.

Claro. Eso explica todo. “Se matan entre ellos”, justificó Felipe Calderón en su día y López Obrador en el suyo también. Si para el resto de la sociedad no hay riesgo potencial, no hay de qué preocuparse. Resueltas las conjeturas, ahora sí, a lo que sigue.

Pero no era cualquier saltillense como los retratados al inicio del texto. Aguirre Aldret fue agente del Ministerio Público Federal en los conflictivos Michoacán y Chihuahua, y participaba con el 2% de la razón social Grupo Ahluic, S.A. de C.V., creada en Ecatepec a finales de 2014 para la explotación de minerales y metales.

El accionista mayoritario de la misma, Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, potosino de 62 años, fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, a mediados de 2023.

Ahora bien, Bernardo Aguirre era dueño de la persona moral Boar Kan, S.A.P.I. de C.V., constituida en Monterrey el 10 de octubre de 2019, pero con domicilio fiscal en San Pedro, con el objeto social de ser una todóloga lista para lo que se ofrezca: servicios de capacitación, adiestramiento, asesorías en prácticamente todas las ramas del conocimiento, financiamiento e inversión, limpieza, seguridad, comercio, obra civil, construcción, y en general cualquier actividad que implique obtención de recursos públicos o privados.

Y aquí viene lo interesante. En la referida sociedad mercantil, compartía el 2% de las acciones con Heriberto Guadalupe Tamez Ramírez, abogado de su misma edad. Sólo ellos dos, y Rafael de Jesús Burciaga Morales, como comisario, formaban parte de la “empresa”.

Poco riguroso –como es costumbre– y trivializando –a su estilo– el asunto para distraer la atención, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, se apresuró a declarar al día siguiente del suceso que la persona ejecutada era “operador político” de un exgobernador panista de Tamaulipas (el único en esa condición es Cabeza de Vaca).

“Están metidos con la podredumbre” (…) “Preferimos no se mezcle Nuevo León con ese ambiente” (…) “Estamos hartos ya de que vengan a San Pedro y los asesinen” (…) “Ensucian la seguridad pública del Estado”. Y a otra cosa. Vuelta a la página.

No sólo el lenguaje utilizado por el mandatario estatal es sugerente, pues dibuja con él un mundo ficticio donde cohabitan limpios y sucios, puros e impuros, sino evade su responsabilidad en el tema y miente deliberadamente.

Cortita y al pie

Sin embargo existe un antecedente interesante. Heriberto Guadalupe Tamez Ramírez, el socio del finado saltillense, presentó en 2022 un juicio político contra un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, quien, con una resolución previa, había impedido que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica se transfiriera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, a la Fiscalía General de Justicia.

Dicho procedimiento era, probablemente, lo que más interesaba a Samuel García, mismo que bloqueó por todos los medios a su alcance durante dos años hasta que, por mandato de la Corte, fue obligado a cederla el 12 de febrero. Seis días antes del homicidio que nos ocupa.

Fungió, en los hechos, como adversario del Gobernador. Ojo.

La última y nos vamos

Al SAFI se le considera una joya arquitectónica moderna en el noreste de la República Mexicana; el culmen de lo que alguien puede construir con sus manos norteñas.

Relumbrón estético. Fálico. Un monumento kitsch y libre de agentes nocivos externos que puedan afectar al “higienismo” social; un área de esparcimiento para “pura gente bien”.

Por lo demás, con el saltillense ultimado en sus instalaciones, suman ya 180 mil homicidios en el sexenio federal en curso (2018-2024) contabilizados hasta el 22 de febrero.