El domingo anterior se publicó en este mismo espacio un tema de saqueo al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, Sección 38, versión Saltillo: Médica Buslo, S.A. de C.V., sociedad mercantil que una pareja de 34 años de edad constituyó en la capital el 11 de noviembre de 2019, se agenció 76 millones 161 mil 708 pesos en 2022 por seis contrataciones para “suministro de medicamentos” y “material de curación”, las cuales fueron formalizadas entre el 1 de febrero y el 23 de diciembre.

No es un asunto menor, pues ese año el Instituto ejerció 587 millones 368 mil 669 pesos totales.

El domicilio fiscal de Médica Buslo, se dijo, es una dirección enclavada en un territorio semidespoblado entre las colonias Loma Linda y Misión Cerritos; una zona de alta marginación e inseguridad en Saltillo. Y la farmacia, cara al público, es básicamente un pequeño local que ha cambiado de razón social varias ocasiones, fungiendo a veces como farmacia y laboratorio frente a la Clínica Hospital del Magisterio. Su existencia en producto al mostrador no sobrepasa los 20 mil pesos, en su mayoría materiales consumibles y desechables, y sus redes sociales –único medio de publicidad– están inactivas desde hace dos años.

Inclusive la única empleada figura en la plantilla de personal del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Sección 38, como “dependiente de mostrador”, y el negocio no aparece en el padrón de Cofepris.

Así funcionan las licitaciones “tamaleadas” entre los mismos beneficiarios, dirigidas siempre por Alejandro Treviño Saldaña, su director general.

Sin embargo existe otro caso, versión Torreón, donde tampoco existen antecedentes de contratación con entes públicos: Sanadepot. Se trata de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada de capital variable. Eso significa que los socios responden a las obligaciones de la persona moral exclusivamente hasta el valor de su capital social, en este caso 100 mil pesos. Y es válido y es legal. La cuestión aquí es por qué el Servicio Médico hace negocios con ella, si por ley no se haría responsable de casi nada.

Fue constituida el 12 de noviembre de 2018, en Torreón, por el matrimonio conformado por Noel Alfonso Salas Muro y Anabel Silva Núñez. Él es licenciado en Administración de Empresas de la UAL, vendedor médico profesional en Sanfer Laboratorios y representante de Farmacias Salute, S.A. de C.V. Ella, asistente médico.

Gracias al “suministro de medicamento” vía dos contrataciones, el 24 de mayo y el 23 de diciembre de 2022, se adjudicó 20 millones 331 mil 554 pesos en total.

Y la historia se repite: sin venta al público, su domicilio fiscal es un local en una plaza comercial de la periferia, en La Perla de La Laguna.

Cortita y al pie

Se ha dicho antes: el negocio está en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38. Con recursos públicos, naturalmente.

Y así, entre Médica Buslo y Sanadepot fueron 96.5 millones de pesos. Inclusive al primer semestre de 2023 hay cuentas por pagar a Sanadepot por 821 mil pesos en “medicamento”, y 2 millones 7 mil pesos por “laboratorio”. A Médica Buslo, por su parte, le adeudan 241 mil pesos.

La cuenta entonces asciende a 100 millones de pesos.

Lo irónico es que ni siquiera hay medicamentos. Cansados de insistir, ya ni siquiera los buscan los derechohabientes, quienes históricamente han renunciado al deficiente servicio que sin embargo existe y factura como si atendiese 160 mil servicios al año.

La última y nos vamos

Por lo demás, no hay que perder de vista el contexto: son “empresas” creadas a partir de la asunción de Alfonso Cepeda Salas como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en 2018, año en que asumió el poder con validez para todo el sexenio de la 4T. Circunscritas a Coahuila, su ámbito de influencia.

Difícil creer que jugadores con tales características broten por generación espontánea y se lleven todos los recursos así como así.