En las horas previas a la visita a Washington de Andrés Manuel López Obrador, un grupo de trabajo en el Senado de Estados Unidos convocó a una reunión para evaluar la relación entre el trasiego de drogas y la corrupción de gobiernos. En la reunión participó Vanda Felbab-Brown, una investigadora del Instituto Brookings de Washington, que evalúa el trabajo policial en México.

“La violencia y el crimen no va a decaer si el Gobierno simplemente entrega los territorios y dominios económicos a los actores criminales o renuncia a su responsabilidad de contrarrestarlos. Estos desarrollos perniciosos han caracterizado a la Administración de Andrés Manuel López Obrador”, dijo Felbab-Brown.

“Durante 20 años nunca había visto tantos territorios, poblaciones y oficiales de Gobierno intimidados por los grupos criminales, sintiendo que no tienen suficiente respaldo del Gobierno desde la Ciudad de México. Se ha incrementado el número de grupos criminales que están cooptando oficiales del Gobierno en agencias del Gobierno mexicano”.

Nunca vi una declaración como esta en una tribuna oficial como el Senado estadunidense, en referencia a una administración vigente en México.

Un día antes de la reunión, un jurado en Missouri decidió enjuiciar a veinte personas involucradas en el trasiego de fentanilo y otras drogas. En las últimas semanas, jurados iniciaron casos similares en Massachusetts, California, Texas, Indiana, Oregón y otros 15 estados. A la exposición de cada caso siguió más o menos la misma historia: un comunicado con algunos detalles, autoelogios de los agentes y notas de los medios locales que únicamente reprodujeron el boletín.

Para el caso de Missouri, la Fiscalía siguió la pista de paquetes de droga que se movían por Estados Unidos como si fueran libros o cartas de amor. Empacados en sobres de documentos, los colocaban en el correo y los enviaban desde Missouri hasta California, Arizona y Texas. Allí un grupo de jóvenes recibía la droga, la colocaba en paquetes más chicos y la enviaba a sus compradores finales.

En 2020 el correo postal detectó un envío. Durante 12 meses, investigadores federales siguieron el rastro hasta que conectaron los nodos de esta red, de Phoenix a Missouri, Los Angeles, Michigan, Kentucky y México. El 22 de octubre, un hombre fue arrestado en México y 16 personas fueron arrestadas en Estados Unidos por este caso.

El Gobierno estadunidense dijo que les encontraron armas, dinero, otras drogas y unas 50 libras de fentanilo. Una dosis mortal de fentanilo contiene unos 2 miligramos; en una libra hay 226 mil 796 dosis. Solo en esta red y en este envío que decomisaron tras un año, había unos 11.3 millones de dosis.

El caso de Missouri es uno entre miles, con un denominador común: la droga proviene de México. Entre 2019 y 2021, las autoridades de Estados Unidos decomisaron unos 4,262 millones de dosis de fentanilo; y las de México unos 1,373 millones. En ambos países, las cifras de 2021 triplicaron las de años anteriores. Aunque los números son impactantes, los gobiernos estiman que solo se decomisa una de cada 10 dosis que llegan a los consumidores. Cada año pasan por México 12 mil millones de dólares del mercado ilegal de las drogas, según Naciones Unidas.

El día de la llegada de López Obrador a Washington, las autoridades sanitarias estadunidenses anunciaron que 100 mil personas habían muerto en Estados Unidos por sobredosis, principalmente por fentanilo, entre 2020 y 2021.

En la reunión entre Joe Biden, Justin Trudeau y López Obrador, el tema quedó en un comunicado, que calificaba las muertes como una cifra “desgarrante”. Luego, los tres gobernantes sonrieron, se estrecharon la mano y repitieron lo que han dicho por 30 años: “necesitamos un enfoque integral y coordinado”.

He puesto en esta columna las piezas de un rompecabezas con hechos de una sola semana. Vale la pena mirarlos en conjunto cuando evaluemos lo que vimos en Washington, lo que está pasando en la relación bilateral y lo que viene para el final de la Administración obradorista.