Ayer comenzó, de manera formal, el proceso político y económico que definirá el futuro del principal ancla comercial de México: el T-MEC. Aunque el lenguaje diplomático hable de “intercambio de agendas” y “primeros acercamientos”, lo cierto es que esta revisión abre una etapa de incertidumbre que el país no puede darse el lujo de subestimar.
La reunión entre los equipos negociadores de México y Estados Unidos, encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su contraparte Jamieson Greer, marca el punto de partida de un proceso largo, complejo y con múltiples capas. No se trata sólo de evaluar si el tratado ha funcionado, sino de decidir qué tipo de integración regional quiere América del Norte en un mundo más fragmentado, más proteccionista y con cadenas de suministro bajo presión constante.
Canadá y Estados Unidos recorrieron durante meses un camino exhaustivo de consultas públicas, audiencias y análisis sectoriales. Miles de empresas, sindicatos, gobiernos locales y ciudadanos participaron activamente para moldear la postura de sus países. México también realizó su proceso, pero con menor visibilidad pública y bajo una lógica más centralizada. Esa diferencia no es menor cuando llegue el momento de defender intereses específicos frente a contrapartes con posiciones ya afinadas.
Sectores como el automotor, el acero, la agricultura y los químicos han puesto sobre la mesa inquietudes claras sobre reglas de origen, subsidios, seguridad económica y dependencia de insumos externos. En otras palabras, el T-MEC será revisado no sólo como un acuerdo comercial, sino como una herramienta de política industrial y geopolítica.
Para México, el reto es doble. Por un lado, mantener la estabilidad que el tratado ha dado a la inversión y al comercio exterior. Por otro, demostrar que puede ser un socio confiable en una estrategia regional que busca reducir riesgos y fortalecer capacidades productivas internas. No basta con apelar a los beneficios históricos del acuerdo; será necesario respaldarlos con datos, propuestas técnicas y coordinación real con el sector privado.
El calendario tampoco juega a favor. Aunque la revisión formal está prevista para julio de 2026, el proceso que ayer inició irá marcando el tono de las negociaciones. Dependiendo de cómo evolucionen estos diálogos, el T-MEC puede extenderse sin mayores sobresaltos, entrar en una renegociación profunda o quedar atrapado en revisiones anuales que mantengan en vilo a los mercados.
El optimismo de empresarios y especialistas es comprensible, pero no debe confundirse con complacencia. El T-MEC no está en riesgo inmediato, pero sí en una etapa donde cada señal cuenta. A partir de hoy, México empieza a jugar una partida que exige claridad estratégica, consistencia interna y una lectura realista del entorno internacional.
JONATHAN HEATH, subgobernador del Banco de México, planteó una pausa en los recortes de tasas ante un entorno donde el riesgo inflacionario ya no es sólo doméstico. El conflicto en Medio Oriente introduce una variable que todavía no se puede medir con precisión. Frente a esa incertidumbre, la cautela gana espacio frente al automatismo de los recortes pasados. Heath cuestionó que en 2025 la tasa bajara sin reflejar la trayectoria real de la inflación. Su postura anticipa un debate más técnico y menos inercial en las decisiones de este año.
HUBO RELEVO EN la dirección general de Amexcap: se dio la llegada de Véronique Billia y se busca que sea una señal de continuidad con énfasis en innovación y crecimiento de largo plazo. Su trayectoria fuera del sector financiero tradicional aporta una lectura distinta sobre emprendimiento e impacto. El organismo apuesta por una visión más amplia del capital, menos financiera y más estratégica. La salida de Liliana Reyes cierra una etapa marcada por institucionalización. La nueva dirección abre otra, con foco en ejecución y posicionamiento.
DESDE 2020, el SAT decidió ir directo a los grandes contribuyentes y cerrar la puerta a las condonaciones que marcaron sexenios anteriores. El equipo de Antonio Martínez Dagnino concentró sus esfuerzos en empresas con ingresos superiores a mil 500 millones de pesos. En cinco años, la recaudación por auditorías y revisiones se duplicó y hoy representa una parte importante del ISR. Su peso es tal que equivale a presupuestos completos de dependencias estratégicas. El margen de negociación se redujo.
LA SUPREMA CORTE, que preside Hugo Aguilar, decidirá si una empresa privada puede usar elementos del patrimonio cultural maya como recurso comercial. Un tribunal concedió a Grupo Xcaret un amparo para continuar haciéndolo, pero el caso escaló por el impacto que ese criterio tendría más allá de una sola marca. De fondo está la pregunta sobre quién decide el destino económico de los símbolos ancestrales. Xcaret opta por esperar el fallo y ajustarse a él, pero la resolución no sólo ordenará una operación empresarial, también definirá los límites entre cultura, derecho y negocio en México.
Más sobre esta sección Más en Nacional