Bogotá.- La Jurisdicción Especial para la Paz La Jurisdicción Especial para la Paz imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho exintegrantes de las extintas FARC, 21 miembros de la fuerza pública y cinco civiles por su presunta participación en ejecuciones presentadas falsamente como bajas en combate, conocidas en Colombia como «falsos positivos» y perpetradas entre 1997 y 2007.

Es la primera vez que la JEP vincula de manera conjunta a exguerrilleros, militares y civiles como terceros implicados dentro de un mismo patrón de macrocriminalidad, al reconocer que en esos crímenes, cometidos en los departamentos de Antioquia (noroeste) y Chocó (oeste) se desplegaron «estrategias de violencia, control social y apropiación territorial» por parte de distintos actores armados y económicos, según informó el tribunal.

Por la responsabilidad de la fuerza pública se imputaron como máximos responsables a oficiales retirados como el general Alejandro Navas Ramos, quien fue comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares y quien, tras su retiro, del servicio activo, fue embajador de Colombia en Argentina (2013–2017).

También se imputó a los mayores generales Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez; y el brigadier general Rito Alejo del Río, ya investigado en otros macrocasos de este tribunal.

Las imputaciones a exguerrilleros y civiles

Por parte de las FARC el proceso sindica a ocho exguerrilleros que no hicieron parte del mando de ese grupo y a los que ya les imputaron secuestros y crímenes concurrentes en otro caso abierto por la JEP.

Los civiles imputados eran voluntarios vinculados a proyectos de ganadería extensiva y agroindustria, asociados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), explicó la JEP, que identificó entre ellos al entonces presidente de la junta directiva, Benito Molina; al gerente Benito Osorio; al asesor jurídico Carmelo Esquivia; así como a los directivos Luis Gonzalo Gallo y Jaime García.

El alto tribunal, creado por el acuerdo de paz que el Gobierno y las antiguas FARC firmaron en 2016, determinó que los crímenes responden a formas sistemáticas de violencia como la estigmatización y asesinato de personas consideradas enemigas, y el control social y cultural ejercido con amenazas y ataques a las comunidades.

Más de 50.000 víctimas

La JEP acreditó a 54.672 víctimas de masacres, desplazamientos forzados, violencia sexual, torturas y asesinatos de líderes comunitarios, que provocaron daños a «colectivos especialmente graves» en los pueblos indígenas embera, guna dule, wounaan y zenú, y en comunidades de las regiones del Urabá, el Bajo Atrato y el Darién, limítrofes con Panamá.

Uno de los crímenes más representativos se perpetró el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, en el departamento del Chocó, cuando integrantes de las FARC lanzaron cilindros bomba contra una iglesia donde se refugiaba la población civil durante un enfrentamiento con paramilitares, lo que causó la muerte de 98 personas, entre ellas 48 menores de edad.

Los 34 comparecientes deberán responder en los próximos 60 días hábiles si aceptan o no los hechos atribuidos.

Quienes reconozcan responsabilidad en los hechos que se les imputan podrán recibir sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, que no incluyen privación de la libertad, y a quienes no lo hagan se les someterá a juicios en los que podrán enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.