Ciudad de México.- El embarazo involuntario en niñas y adolescentes persiste como un “problema público grave” en México e implica niveles de escolaridad más bajos, ingresos menores y menor autonomía para las mujeres, según un informe publicado.

El documento “Embarazo temprano en México. Panorama de estrategias públicas y análisis de la Enapea (Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes)”, elaborado por el Colegio de México (Colmex) en colaboración con Pfizer, detalla que para las mujeres de 20 años, tener hijos dependientes limita el acceso a la educación y al trabajo.

En unos momentos un grupo de expertas en el tema participarán en la presentación y conversatorio en torno a los informes:
“Embarazo temprano en México. Panorama de estrategias públicas y análisis
de la implementación de la Enapea”
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— CEG Colmex (@CEGColmex) August 30, 2022

El informe señala que 7.5 de cada 10 mujeres de 20 años sin hijos dependientes son estudiantes o empleadas, mientras que solo cuatro de cada 10 con hijos dependientes estudian o trabajan.

Asimismo, las madres adolescentes tuvieron tres veces menos oportunidades de obtener un título. “Estas desventajas para las mujeres significan pérdidas económicas y sociales para toda la comunidad”, detalla el informe.

Por otra parte, en el documento se asegura que el embarazo temprano está relacionado de manera estrecha con las desigualdades sociales y la violencia de género, ya que es más frecuente que se embaracen mujeres jóvenes con escaso acceso a la educación sexual, residentes en zonas con niveles altos de violencia y con familias con ingresos bajos.

Estas consecuencias han impulsado a las autoridades mexicanas a tratar de prevenir y atender el embarazo temprano involuntario, como la Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).

Sin embargo, el estudio considera que para que se logren las metas que se establecen en la Enapea, entre las que se establecen la erradicación del embarazo temprano no deseado, “es necesario que reafirme su enfoque de derechos sexuales y reproductivos, forme personal en todo el territorio para implementar la Estrategia, y fortalezca sus acciones intersectoriales e intergubernamentales”.