Ciudad de México.- Una serie de embargos fue ejecutada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre cuatro propiedades del exgobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo, actualmente preso en el estado de Morelos por delitos cometidos dentro de la función pública en esta entidad.

Tres de estos inmuebles están ubicados en Cozumel y fueron embargados apenas el pasado 24 de abril, mientras que a otro, con domicilio en una zona privilegiada en Playa del Carmen, se le impuso la inmovilización fiscal desde el 14 enero.

Algunas de estas propiedades ya contaban con inmovilizaciones decretadas desde 2018 por jueces de control adscritos al Poder Judicial de Quintana Roo, a donde fueron llevadas acusaciones por delitos como peculado y desempeño irregular de funciones.

De acuerdo con la revisión de folios reales inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, el SAT le reclama a Borge Angulo el incumplimiento de pago de impuestos federales por la cantidad de tres millones 897 mil 506 pesos.

El año pasado, el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo ordenó liberar dos propiedades del exgobernador que permanecían inmovilizadas desde 2018, incluido uno en Playa del Carmen, el departamento ubicado en el condominio Arena, muy cerca de la playa Shangri-La, una de las zonas más exclusivas de esta ciudad.

Este último inmueble volvió a inmovilizarlo ahora el SAT desde el pasado 14 enero, según consta en la revisión del folio real 60412.

El exgobernador priista se encuentra preso en Morelos acusado de delitos relacionados con la función pública, cometidos siendo mandatario estatal de 2011 a 2016.

En octubre de 2025, Proceso reportó que un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos reconsideró al exgobernador, que pasó de cómplice a líder criminal por el delito de uso de recurso de procedencia ilícita, al haber enajenado 22 inmuebles con un daño al patrimonio público por más de 900 millones de pesos.

Borge Angulo también se encuentra inmerso en la polémica del traspaso del suministro del agua potable a manos de particulares con la empresa Aguakán, en el que también participaron políticos como Mauricio Góngora, excandidato a la gubernatura por el PRI, que igualmente estuvo preso y hoy presume su cercanía con Morena.