Ciudad de México.- Las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en su mayoría quedan impunes, por lo que alienta la comisión de otros crímenes “atroces”, al dejar saber a los responsables que sus conductas no han sido, ni serán, investigadas, ni castigadas.

En el marco del evento virtual Tortura y desaparición forzada en México cómo crímenes de lesa humanidad, organizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se destacó que en ese periodo la CNDH emitió 190 recomendaciones, en las que se documentaron 221 casos de tortura que involucraron a 736 víctimas.

Entre 2006 y 2019, se presentaron 11 mil 500 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las que se señala a elementos de la desaparecida Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Gobernación como responsables de violaciones a los derechos humanos por tortura y malos tratos.

Lucía Chávez, subdirectora de Análisis y Estrategia de la CMDPDH, dijo que la falta de reconocimiento a los crímenes de lesa humanidad, provoca que no se investigue de manera correcta.

“ De las pocas que tenemos conocimiento en México en materia de tortura y de desaparición, sólo se ha condenado a bajos y a medios mandos, nunca a altos mandos. Es necesario que el sistema de investigación y de juicios se trasforme para que las leyes se implementen de manera correcta, por ejemplo en materia de desaparición, para que no sólo sean avances en papel”, dijo. 

Sostuvo que en Nayarit los crímenes de lesa humanidad incluyen la colusión entre autoridades de diversos niveles con cárteles del crimen organizado.

Agregó que en México “la tortura es un fenómeno generalizado y sistemático que ocurre en un contexto de total impunidad. Fuerzas policiales, militares y ministeriales comúnmente cometen actos de tortura contra personas civiles mientras son detenidas arbitrariamente, en el traslado para presentarlas ante las autoridades y en las propias instalaciones de las fiscalías y cuarteles militares”.

Destacó que los ataques contra la población civil, han sido cometidos tanto por grupos armados como por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y han tenido una naturaleza generalizada y sistemática. Además de actos de tortura, estos ataques incluyen alarmantes cifras de asesinatos, desplazamientos internos forzados, violencia sexual, detenciones arbitrarias, privaciones graves de la libertad física y un “número escalofriante” de desapariciones forzadas.

Senador de la República y exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, expresó que existe una marcada tendencia en la justicia mexicana de hacer a un lado las graves violaciones a los derechos humanos y a los delitos de lesa humanidad.

“ Se investigan sólo los delitos patrimoniales y los actos de corrupción. El mejor ejemplo es lo que sucedió con (el exgobernador) Javier Duarte en Veracruz. Se le extradita por delitos patrimoniales Es decir, porque existían denuncias de robo, de corrupción y de fraude. Pero no se le extraditó por las desapariciones forzadas, por los homicidios, por las ejecuciones ni por la tortura. Todos esos componentes en materia de derechos humanos que son tan graves y esta es una práctica sistemática en el país”, expuso. 

El legislador agregó que “hay una enorme deficiencia en la justicia mexicana, que considera que lo que hay que perseguir es la corrupción y no le parece importante investigar a los funcionarios que están involucrados en casos tan dramáticamente dolorosos como las desapariciones forzadas”.

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