Animal Político | México.- En la mitad del país la esterilización forzada no es un delito pese a que implica la violación al derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, todos reconocidos en la Constitución mexicana.

Son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas los estados del país en los que no existe legislación para perseguir esta práctica en contra de las mujeres, denunció este miércoles 12 de agosto el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).

La omisión de los estados ocurre pese a que el delito está tipificado en el Código Penal Federal y es una práctica prohibida en la Ley General de Salud que establece en su artículo 67 que “quienes practiquen esteri­lización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados” con una multa de entre los seis mil y hasta doce mil veces el salario mínimo.

Los hechos recabados por la organización muestran que en entidades como Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro, las mujeres en prisión se enfrentan al condicionamiento de sus visitas conyugales a cambio de someterse a procesos de esterilización o que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó en 2002 que el personal médico de las clínicas rurales de las instituciones de salud pública obliga a mujeres indígenas a someterse a procesos de esterilización bajo la amenaza de no perder el apoyo de programas gubernamentales.

GIRE alerta que esta práctica violatoria de derechos humanos afecta a mujeres de todo el país que, en la mayoría de los casos, no están en condiciones de consentir la práctica ni reciben información suficiente sobre la misma.

En el contexto internacional, la Convención de los Derechos de los Niños expresó recientemente su preocupación porque en México todavía ocurren casos de esterilización forzada a mujeres con una discapacidad y en 2013, Naciones Unidas consideró que la esterilización forzada constituye un acto de tortura.

En su reporte 2015 “Niñas y mujeres sin justicia”, GIRE alertó sobre otras violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres cometidos en México como la anticoncepción forzada, negligencia y violencia médica durante el parto o la criminalización del aborto.

Estos son otros datos del reporte:

– En 2013, 129 muertes maternas correspondieron a menores de 19 años, seis de éstas, a niñas de entre 10 y 14 años. En ese año las niñas y adolescentes representaron el 15% del total de muertes maternas.

– En Chiapas, las mujeres indígenas representan un 44.1% de las muertes maternas en 2012 y un 42.9% en 2013.

– Las causas más frecuentes de muerte de la madre durante el parto, en México, son: hemorragias excesivas e infecciones. La mayor podrían evitarse.

– En los dos últimos años, al menos a ocho de cada diez niñas se les ha negado el acceso legal al aborto aún cuando su embarazo fue producto de violación.

– Únicamente Chiapas, Guerrero y Veracruz persigue un delito si un médico práctica procedimientos violentos durante el embarazo y el parto de su paciente.

– Una de cada cuatro niñas sufre de abuso sexual antes de cumplir 18 años.

– Seis de cada diez abusos sexuales son cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos.

– 23 estados procesaron a mujeres por practicar el aborto, quienes posteriormente son víctimas de discriminación en sus comunidades a pesar de que no han obtenido una sentencia.

– 17 entidades han reformado sus constituciones para proteger la vida desde la concepción.

– Sólo Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz cuentan con definiciones de violencia obstétrica en sus leyes de acceso a una vida libre de violencia.

El informe completo está disponible en la página http://informe2015.gire.org.mx/#/inicio