Chiapas.- La explotación de grava y arena que inició hace más de siete décadas en los cerros de Salsipuedes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hoy, lejos de reducir la devastación en las montañas del Valle del Jovel, está en aumento.

El rancho Salsipuedes abrió la primera mina de material pétreo de alta calidad y 72 años después suman ya más de 62 puntos de extracción que operan sin control, amenazando a la comunidad, ecosistema, salud, economía y cultura de una de las zonas más representativas de la entidad.

La voracidad por el cemento dio inicio a un daño ecológico de graves dimensiones que hoy continúa, explicó Rodrigo Hess, coordinador del Consejo Ciudadano del Valle de Jovel.

El vasto patrimonio del Valle de Jovel abarca los municipios de San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Zinacantán, San Juan Chamula y Tenejapa, asentados sobre una cuenca hidrológica rica en mantos subterráneos alimentados por las lluvias y formando humedales que abastecen de agua a la zona.

La excelente calidad del material pétreo es, irónicamente, orgullo de la comunidad a pesar de su propia destrucción, explica Hess.

Pero el problema va más allá, añade, además del rompimiento del equilibrio ecológico y la devastación de zonas arboladas, los daños a la salud por la aspiración del fino polvo producto del procesamiento de la roca y la pérdida de vegetación que sustenta el suelo para la absorción de la lluvia, existen también problemas sociales.

Al respecto, Olivia Pineda, titular del Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Cristóbal, prevé la lenta, pero inexorable pérdida de identidad de una ciudad considerada como Pueblo Mágico, capital cultural de Chiapas y Monumento Histórico Nacional. Las minas se encuentran ya dentro de la zona urbana, cerca de escuelas y zonas habitacionales, provocando contaminación visual a una comunidad típicamente colonial.

La proliferación de los puntos de extracción se resintió más durante los últimos tres años. El ambientalista Romeo Domínguez precisó que la evidente deforestación de la zona, si no se atiende a tiempo, podría ser irreversible. En el lugar se aprecian manantiales expuestos que, en promedio, podrían tardar en regenerarse hasta 10 décadas por centímetro cuadrado.

El problema es la falta de regulación en los puntos de extracción, ya que están a cargo de pequeñas empresas locales sin supervisión oficial y de familias completas que han hecho de la extracción su modus vivendi al comercializar la arena y grava al menudeo.

No es descabellado pensar, afirma Domínguez, en la extinción de especies maderables y de flora y fauna del lugar, impactando en el ciclo hidrológico natural que abasteció durante miles de años los humedales del Valle de Jovel, y que hoy poco a poco desaparecen.

Existe también el riesgo de que “los inmensos taludes desnudos que deja la depredadora actividad minera se desprendan, arrastrando con ellos grandes desplazamientos de suelo, que caerían sobre colonias, centros educativos y zonas habitacionales”.

Un ejemplo de este riesgo ocurrió en septiembre de 2010, cuando a pesar de las advertencias realizadas por organismos sociales y peticiones de ayuda que ignoró el entonces alcalde Mariano Díaz Ochoa, un deslave en la colonia La Almolonguilla, en el cerro Salsipuedes, sepultó una vivienda que en el momento del alud se encontraba sin habitantes, arrastrándola 35 metros.

Carlos Perola Burguete, integrante del Consejo Ciudadano de San Cristóbal, explicó que la sociedad afectada es consciente de otra problemática en la explotación de las minas. Son cientos de trabajadores que dependen de la extracción, y suspenderlas significaría dejar sin sustento a innumerables familias.

Sin embargo, dijo, la transparencia en las operaciones de las compañías explotadoras del material pétreo queda en duda, ya que no se han hecho públicos, a pesar de que se han solicitado, los estudios de impacto ambiental, ni los permisos legales de explotación de cualquiera de los tres niveles de gobierno, ni se sabe del daño por la deforestación por la extracción del producto.

Consultados sobre el padrón de empresas que operan en el lugar, el director de Comunicación Social de San Cristóbal de las Casas, Adalberto Romo Zapata, señaló que sólo la alcaldesa, Cecilia Flores, podría proporcionar dicha información, a quien se buscó sin obtener respuesta al respecto.

De igual forma se buscó a la secretaria del Medio Ambiente del gobierno chiapaneco, Lourdes López Moreno, ante quien diversas organizaciones sociales han demandado atención al caso, con iguales resultados.