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| Acusa Coparmex que bloqueo iría contra la presunción de inocencia que reconoce la Constitución.

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En riesgo inversiones por bloqueos de cuentas

  Por Agencia Reforma

Publicado el viernes, 10 de abril del 2026 a las 04:10


El bloqueo de cuentas bancarias sin una orden judicial previa, eleva los riesgos para los inversionistas, por lo que dejarían de apostar por México

Ciudad de México.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de avalar el bloqueo de cuentas bancarias sin una orden judicial previa, eleva los riesgos para los inversionistas, por lo que dejarían de apostar por México, advirtió la Coparmex.

En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país. Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México”, señaló la Confederación.

La decisión de la Suprema Corte establece un precedente delicado para el estado de derecho, al permitir afectaciones directas al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas, consideró.

Cabe destacar que la resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022 y valida la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por una mayoría de seis votos contra tres, se determinó que el bloqueo de cuentas procede cuando la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.

Según el sector patronal, este esquema va contra el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial previa.

Añadió que el impacto de esta resolución recae de manera desproporcionada sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más de 99% del tejido empresarial y cuya operación depende de la liquidez diaria.

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