Ciudad de México.- Cuando Carlos Emilio Galván se levantó de su mesa en el bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán, para ir al baño, nadie imaginó que no volvería. Era la madrugada del 5 de octubre de 2025. Tenía 21 años y había llegado desde Durango. A siete meses de su desaparición, el dueño del bar no ha sido llamado siquiera como testigo.

“La exigencia es muy clara: que encuentren y me regresen a mi hijo”, dice Brenda Valenzuela, su madre.

El caso de Carlos Emilio no es el único, ni el primero, ni el último. En Sinaloa, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, 2 mil 543 personas han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas entre el 1 de noviembre de 2021 y el 1 de mayo de 2026, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. El promedio: una persona por día.

Culiacán y Mazatlán concentran la mayoría de los casos. En esta última ciudad, la violencia también alcanzó a cuatro turistas del Estado de México, interceptados por un grupo armado en la zona de Cerritos, y a 10 trabajadores minerosprivados de su libertad el 23 de enero. Días después, comenzaron a aparecer restos humanos en fosas clandestinas.

Las cifras oficiales ya son alarmantes, pero organizaciones civiles advierten que la realidad podría ser peor: calculan que el número real de desaparecidos supera las 5 mil personas.

La crisis lleva años acumulando casos sin resolver. Miles de familias en Sinaloa preguntan por sus hijos, sus padres, sus hermanos, sin que el Estado les dé una respuesta concreta. La violencia no distingue entre locales y turistas, entre adultos y jóvenes, entre trabajadores y visitantes.

Lo que sí permanece igual, en cada caso, es la espera.