Ciudad de México.- Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular del prófugo ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, ha sido pieza clave para las investigaciones del caso Iguala, ya que sus declaraciones permitieron acusar a ex funcionarios, entre ellos a su ex jefe y al fiscal Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador antisecuestros de la antigua Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Durante la audiencia inicial en contra del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, hubo señalamientos de que Zerón de Lucio y Ramírez Gutiérrez cometieron actos de tortura contra cuatro detenidos considerados fundamentales en lo que se conoce como la verdad histórica, pues fueron quienes, sometidos por las autoridades, dijeron lo que supuestamente sucedió en el basurero de Cocula y en el río San Juan.

En la audiencia, la fiscal Lydia Bustamante comentó que, según datos de prueba, el entonces titular de la AIC encabezó una diligencia en el río, durante la cual se localizaron dos bolsas de plástico con restos óseos, que supuestamente correspondían a los estudiantes cuyos cuerpos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.

Zerón estuvo acompañado entonces por funcionarios de Servicios Periciales de la PGR y de Agustín García Reyes, “El Chereje”, detenido el 27 de octubre de 2014.

Un día antes de esa detención, una llamada supuestamente anónima a la PGR advirtió que los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río. No obstante, en la investigación se ha considerado que esas pruebas fueron sembradas.

La diligencia que encabezó Zerón, de acuerdo con las acusaciones, se realizó de manera ilegal, ya que García Reyes fue trasladado de las instalaciones de la PGR a Cocula sin su abogado e incumpliendo los protocolos jurídicos. La fiscal dijo que durante la visita a Iguala le iban indicando al detenido qué hacer y qué decir.

Sembraron pruebas

Bustamante añadió que un periodista free lance en Guerrero captó las imágenes de cuando, un día antes de la diligencia formal, le dieron a “El Chereje” las bolsas con restos que después son dejadas junto al río San Juan y que permitieron identificar a una de las víctimas.

Tomás Zerón “infligió sufrimientos graves y violaciones a los derechos humanos” de los detenidos que fueron torturados, apuntó la agente del Ministerio Público.

Ramírez Gutiérrez era titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Seido, una de las ramas de la entonces PGR. Estuvo presente en un interrogatorio realizado por Zerón de Lucio, donde según las investigaciones se presume que torturó a cuatro personas, entre ellas Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo“, señalado como integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos, para que se confesara responsable de la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014.

Por este caso el ex director de la AIC está prófugo, con una orden de aprehensión por tortura y delitos contra la administración de la justicia.

En 2020 Zerón fue ubicado en Israel, a cuyo gobierno México pidió la devolución del ex funcionario.

No hay tratado de extradición entre los dos países, pero sí un acuerdo de cooperación jurídica. El gobierno mexicano alega que Israel debe atender la demanda, dado que se acusa al prófugo de violaciones a los derechos humanos.