Ciudad de México.- La conectividad móvil en México experimentará cambios el próximo año. Las empresas Telcel, AT&T, Telefónica y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Bait iniciarán el registro nacional de líneas móviles como parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, la implementación de la regulación requerirá inversiones adicionales a sus operaciones, lo que traducirá en aumentos en los precios de sus servicios.

El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil en el país implicará una inyección de capital de más de 4 mil 53 millones de pesos, según estimaciones del proyecto de lineamientos para el padrón de telefonía realizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De la cantidad estimada, se prevé que 22 millones de pesos correspondan al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad implicará el mayor gasto al requerir 4 mil 31 millones de pesos.

Los proveedores como Altán Redes, Telcel y AT&T serán los encargados de desarrollar las plataformas -una de acceso y otra de consulta- para registrar a las 143 millones de líneas telefónicas que actualmente operan en el país. Mientras que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) deberán arrendar los sitios de los mayoristas para cumplir con las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones.

Los operadores que omitan la nueva disposición se harán acreedores a multas que van desde el 0.01% hasta 0.75% de los ingresos de la compañía, según las disposiciones de la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones. Mientras que los usuarios serán desconectados de los servicios de telefonía.

Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting, advirtió que la inversión para la nueva disposición de Telecomunicaciones, implicará mayores gastos operativos para los operadores tradicionales de telefonía y para los OMV, cuyos costos adicionales que de manera inevitable se trasladarán eventualmente a los consumidores.

La mayor parte de los más de 4 mil millones de pesos será para el proceso de alta y validación de las líneas telefónicas -tanto las vigentes como las nuevas-, que constituye el componente más costoso del proyecto.