Ciudad de México.-La ministra María Estela Ríos fue designada para presentar a la Suprema Corte de Justicia el proyecto sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, uno de los casos más relevantes pendientes de la anterior integración.

La ex Consejera Jurídica del ex presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado públicamente que la prisión preventiva forzosa para ciertos delitos se debe seguir aplicando, según está previsto en el Artículo 19 de la Constitución.

Ahora, Ríos será la ponente del expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023, que se refiere a la forma en que el Poder Judicial Federal (PJF) debe acatar la sentencia dictada en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Reyes Alpízar contra México.

En ese fallo, la CIDH ordenó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa, por la cual los acusados por un largo catálogo de delitos automáticamente tienen que estar recluidos mientras se les procesa.

Desde noviembre de 2023, el entonces Ministro Jorge Pardo propuso que la Corte debía instruir a los jueces de todo el País para dejar de aplicar la prisión oficiosa, y decidir caso por caso si el acusado debía o no estar preso durante su juicio.

Esto provocó advertencias del Gobierno de López Obrador de que se podría liberar a más de 68 mil acusados graves, aunque ese no era el efecto de la propuesta de Pardo.

El Pleno de la Corte listó el caso desde enero de 2024, pero nunca lo votó, ante presiones del Gobierno y fiscalías y, luego de la elección judicial de 2025, el requerimiento para dejar el tema a los nuevos Ministros.

En 2022, cuando era Consejera Jurídica y la Corte iba a discutir este tema en otro expediente, Ríos firmó una carta con el entonces titular de Gobernación, Adán Augusto López, en defensa de la prisión oficiosa.

“Pedimos al máximo tribunal del País que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del País, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, decía la carta.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Ministros y Ministras que “han gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguna de las personas interesadas” están impedidos para votar en el caso.

Pero, incluso, si alguien planteara su impedimento, Ríos podría alegar que en este expediente no hay “partes” propiamente dichas, aunque todo indica que hizo gestiones contra el proyecto de Pardo antes de dejar la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el 30 de septiembre de 2024.

En casos previos de la Corte, las Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz ya se han manifestado contra eliminar la prisión preventiva oficiosa, es decir, sumando el voto de Ríos, sólo faltarán dos más para que la actual Corte de nueve integrantes deje intocada esa figura.