La Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González, presentó hace unas semanas el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese) 2025-2039, el cual viene plagado de muchas promesas ambiciosas, tal como la de garantizar el suministro eléctrico en un país cuya demanda crecerá más de 50% en los próximos 15 años.
Pero detrás de las cifras y los discursos, queda saber si se puede lograrlo con menos inversión pública y reglas poco claras para la Iniciativa Privada.
Los datos muestran que, en 2024, el consumo bruto del Sistema Eléctrico Nacional alcanzó 359,807 GWh, y se espera que crezca a una tasa media de 2.5% anual. La demanda máxima, esos picos que ponen a prueba la capacidad del sistema, llegará a 83,643 MWh/h en 2039.
Sin embargo, el presupuesto asignado a la Comisión Federal de Electricidad para 2026 será 16.7% menor en términos reales que el de 2025, y muy lejos de los 104 mil millones de pesos anuales que se requieren para sostener la expansión. Con inversión privada, dicen las autoridades, se busca acabar con la brecha, pero la realidad es más compleja.
La convocatoria prioritaria lanzada por Sener para proyectos fotovoltaicos y eólicos cubre apenas 5,970 MW, frente a los 7,405 MW que el propio plan asigna al sector privado en el corto plazo.
Y lo más preocupante: los criterios para adjudicar proyectos en caso de sobreoferta son ambiguos, basados en principios como “justicia energética” o “innovación”, sin métricas claras. Esto abre la puerta a discrecionalidad y genera incertidumbre en un sector que necesita reglas estables para atraer capital.
Mientras tanto, la transición energética avanza a paso lento. Aunque las tecnologías limpias representan 36.9% de la capacidad instalada, su aporte real a la generación es apenas 26 por ciento.
Estamos lejos de la meta de 45% para 2030. Y si a esto sumamos que 73% de los proyectos de transmisión está en etapa preliminar, el riesgo es evidente: la planeación puede quedarse en papel mientras la demanda sigue creciendo.
El discurso oficial habla de justicia energética y sostenibilidad, pero sin certidumbre regulatoria y sin acelerar la ejecución de proyectos, esas palabras se diluyen.
México necesita más energía, más limpia, más barata y con más red. Para lograrlo, el Gobierno debe cerrar tres brechas, tanto la presupuestaria, la brecha regulatoria y la brecha de ejecución. El capital privado está dispuesto, pero no invertirá a ciegas. La certidumbre no es un discurso: es un conjunto de reglas claras, procesos transparentes y tiempos cumplidos.
RAISING CANE’S, la cadena estadunidense de tiras de pollo llegará a nuestro país de la mano de Alsea, con lo que la cadena que capitanea Christian Gurría Dubernard marca su tendencia a la diversificación con marcas internacionales que prometen alta rentabilidad. El primer restaurante llegará en 2026, en paralelo con la expansión de Chipotle, mientras la compañía se desprende de conceptos menos estratégicos como Chili’s y TGI Friday’s. La llegada de Cane’s, con su menú simple, podría dinamizar el segmento de comida rápida en México y abrir nuevas oportunidades en un mercado cada vez más competitivo.
AYER LE COMENTABA sobre la inversión en infraestructura que de cara al Mundial se está haciendo, pero la duda que está en el aire es si el AICM estará listo para recibir el flujo internacional. Hoy, la remodelación apenas alcanza 20% y hay temas técnicos que han los retrasado avances. El aeropuerto dirigido por Juan José Padilla Olmos asegura que las obras concluirán en mayo, un mes antes del torneo, lo que deja un margen estrecho para pruebas y ajustes. Si se cumple el calendario, el país tendrá un aeropuerto renovado; si no, la experiencia de miles de visitantes podría verse comprometida en el evento deportivo más esperado.
Y EN MÁS de los cielos, la canadiense WestJet anunció su nueva ruta Guadalajara-Calgary, con lo que se refuerza la conectividad aérea en un momento clave para México con miras al Mundial 2026. Con dos frecuencias semanales hasta abril, la operación busca captar turismo canadiense y consolidar el crecimiento sostenido entre ambos mercados. Aunque el incremento estimado de 5% en visitantes parece modesto, es una señal de confianza en la demanda y en la infraestructura local.
LA PRODUCCIÓN DE camiones pesados en México registró una caída de 27.9% en noviembre como resultado de la presión que enfrenta la industria ante los aranceles en Estados Unidos, su principal mercado. Con un acumulado anual 36% menor, el sector vive uno de sus peores años recientes, marcado por incertidumbre comercial y costos adicionales. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), que preside Rogelio Arzate, llevará a cabo iniciativas para mitigar el impacto en 2026.
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