Ciudad de México.- A dos meses del abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha logrado iniciar proceso judicial contra los dos escoltas que lo acompañaban cuando intentó darse a la fuga, pero no ha informado sobre las investigaciones que inició por esos hechos.

Oseguera Cervantes fue herido por elementos del Ejército el 22 de febrero último en Tapalpa, Jalisco, cuando intentaba huir de los militares.

De acuerdo con lo informado por las autoridades federales, el capo murió durante su traslado en helicóptero a un hospital.

Mientras se realizaba el operativo donde el líder del CJNG fue abatido se registraron 252 bloqueos e incendios de vehículos y negocios en al menos 20 estados del país, principalmente en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que las fuerzas armadas fueron víctimas de 27 agresiones que calificó como “cobardes” y que dejaron un saldo de 60 personas muertas (25 de ellas, elementos de la Guardia Nacional) y decenas de heridos, así como 70 detenidos en siete estados.

El operativo para capturar a “El Mencho” incluyó la instalación de un cerco terrestre y aéreo en las cabañas del “Tapalpa Country Club” en las que el extinto líder del CJNG se estaba quedando con una de sus parejas sentimentales.

Al día siguiente, la FGR informó que ya había iniciado las diligencias necesarias para investigar delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que encabeza César Oliveros Aparicio, recibió las armas y cartuchos asegurados en las cabañas.

“ Personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos”, indicó.

“ Con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el estado de Jalisco”.

Los dos detenidos que fueron puestos a disposición de la FEMDO son Andrés “N” y Genaro “N”, quienes el 1 de marzo fueron vinculados a proceso por portación de armas de fuego con agravante, y portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; y el segundo de ellos, por portación de armas de fuego con agravante y portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ambos, según lo informado por la FGR se encuentran sujetos a prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano y el juez otorgó dos meses de plazo para la investigación complementaria, mismos que vencen en mayo próximo.

Desde entonces, la FGR no volvió a mencionar el tema ni en comunicados ni en los mensajes videograbados de la titular, Ernestina Godoy o el vocero, Ulises Lara.

Escena del crimen contaminada

Días después del operativo el diario El Universal dio a conocer que sus reporteros tenían en su poder una carpeta en la que se detallaba la “narconómina” de Oseguera Cervantes y un mapa de los planes de control que tenía el CJNG sobre la Sierra-Costa de Michoacán; documentos que habrían extraído de la cabaña de la que se intentó fugar el capo antes de morir.

Hasta el 16 de marzo último la FGR reaccionó contradiciéndose a sí misma, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y todas las versiones oficiales que se habían emitido sobre el operativo para ese momento, e intentó culpar a los periodistas que ingresaron a la cabaña de “El Mencho” de contaminar la evidencia del lugar.

En el comunicado número 122/2026 la FGR afirmó que no ingresó de manera inmediata a las cabañas de Tapalpa y que no aseguró el lugar por falta de condiciones de seguridad para sus elementos ministeriales.

“ El lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la FGR solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles”, precisó.

Añadió, incluso, que el ingreso de los militares a las cabañas en las que se encontraban “El Mencho” y sus escoltas, se realizó mediante la ruptura de cerraduras y sin que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contaran con una orden de cateo.

“ Previo a ello (a asegurar la cabaña), se tuvo conocimiento de que, sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena”, continuó la FGR.

“ Esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí. Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas.

Así, ante el rompimiento de la cadena de custodia de eventuales pruebas, la FGR confirmó lo que públicamente se advirtió: esos documentos no podrán ser utilizados para sustentar acusaciones contra ninguna persona mencionada ahí, entre las que se encuentran servidores públicos municipales, estatales y federales.

Sin embargo, aclaró que inició una carpeta de investigación para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades al no cuidar la preservación de la cabaña en la que estuvo “El Mencho”.

Sobre el estado procesal en que se encuentran ésta y el resto de las actuaciones iniciadas y anunciadas por la misma FGR, esta casa editorial consultó a la institución, pero a la fecha de la presente publicación no se obtuvo respuesta alguna, por lo que, incluso, se desconoce si la Fiscalía investiga o no la sustracción de posible evidencia o busca alternativas para indagar los vínculos de funcionarios públicos con el CJNG.