Fue en agosto del 2021 cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery, presentó con bombo y platillo a los medios de comunicación una supuesta campaña social denominada, Ponte Trucha, con la cual dijo, se pondría freno a los prestamistas que abusan de los ciudadanos.

En esa rueda de prensa, el presidente informó que con el programa buscaría crear conciencia en la ciudadanía sobre las implicaciones legales de los préstamos además, que la campaña incluía spots de radio y televisión, espectaculares en las calles, carteles y volantes, además de un sitio interactivo web para consultar más a detalle el modo correcto de firmar un pagaré, aunque nada dijo de concientizar a sus jueces encargados de la ejecución de deudas.

Así pues, en días pasados el mismo funcionario se dijo sorprendido por haber descubierto el nuevo módus operandi de los prestamistas, el cual ahora consiste en la creación de “equipos de mafiosos” dedicadas a simular préstamos legales para afectar grandemente a los pobladores que caen en sus redes.

Estos equipos de mafiosos reclutan a personas en necesidad económica, a quienes agrupan y les ofrecen préstamos de dinero, con un alto porcentaje de interés, cuyo pago está garantizado mediante la firma de pagarés y vales en blanco de todos los integrantes de estos grupos solidarios deudores.

Luego estos “equipos de mafiosos” reciben pagos semanales con multas y recargos inventados por ellos mismos, de los que jamás expiden recibo alguno, y a la primera falla en el pago se dedican a intimidar a los deudores, mediante llamadas insultantes, citatorios agresivos, escritos con sellos parecidos a los de los juzgados, y hasta con calcomanías con amenazas de embargo difíciles de despegar, para terminar presentando demandas mercantiles ante los jueces de Tribunal Superior de Coahuila, basadas en mentiras y pagarés alterados con las que logran ejecuciones de hasta 15 veces más de la cantidad real que el deudor solicitó, sin tomar en cuenta ningún pago hecho por el ejecutado.

Ante tal descubrimiento Mery Ayup, afirmó que la campaña Ponte Trucha, no cesa, a pesar de que con la misma en nada se ha frenado esta práctica de abusos por parte de los prestamistas a los cuales ahora se les han unido financieras, mueblerías y hasta zapaterías, las que por medio de vales emigraron a los préstamos en efectivo, dadas las jugosas ganancias que vieron en los agiotistas, por lo que ahora, todos juntos se aprovechan de lo permisivos que son los jueces mercantiles de cuantía menor en el estado, para hacer y deshacer con los pobres deudores que en verdad no tiene ni quien les ayude ni les escuche en lo mínimo.

Es evidente que el presidente del Tribunal Superior de Justicia olvida considerar que todo esto solo se logra con la ayuda de sus jueces civiles letrados, principalmente, los cuales extrañamente por complacer a los prestamistas, nunca atienden a los demandados cuando denuncian alteraciones o haber firmado en blanco el pagaré que sirve en la demanda como prueba indubitable.

Es decir, que tal parece que el presidente del Tribunal coahuilense parece desconocer que con la forma de ejercer la Ley, muchos de sus jueces se vuelven pieza integrante de estos “equipos de mafiosos” que tanto daño causan a la sociedad coahuilense.