Ciudad de México.- El escándalo del exaspirante a la Gubernatura de San Luis Potosí por la alianza Morena-PT, Gerardo Sánchez Zumaya, rebasó fronteras locales y ya se convirtió en el tema nacional del momento.

Fue Latinus el medio que exhibió a detalle la trama de corrupción, empresas fachada y millonarios contratos en Pemex que hoy tienen al empresario prófugo en el extranjero y con las cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

De acuerdo con el reportaje, la red de factureros atribuida a Sánchez Zumaya opera bajo la protección y los vínculos directos con el senador morenista Adán Augusto López y sus operadores clave en Tabasco.

Latinus puso la lupa sobre el escandaloso crecimiento de Grupo Mineral & Logistic (GML), una de las firmas vinculadas a la red de Zumaya.

La empresa fue constituida en 2014, con un modesto capital de apenas 50 mil pesos, sin embargo, en diciembre de 2025, dio un brinco al certificar un cheque por 400 millones de pesos para elevar su capital social.

La jugada se avaló ante el notario público 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón, personaje identificado como un hombre de absoluta cercanía con López Hernández y con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

Apenas unos días después de la certificación, la empresa empezó a recibir jugosos contratos de Pemex.

Sólo en 2025, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y la petrolera estatal le pagaron facturas por más de 2 mil 800 millones de pesos a tres firmas fachada vinculadas al potosino.

Ante la inminente orden de aprehensión y el bloqueo de activos, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, salió en defensa de Sánchez Zumaya, confirmando que el empresario ya huyó de México, aunque justificó su escape asegurando que se trata de un “perseguido político” acosado por la UIF. Pese a la defensa política, los registros oficiales confirman que ya existen demandas de amparo promovidas por dos de sus empresas y por al menos seis prestanombres para intentar recuperar el dinero congelado.

Salpica huachicol a empresarios potosinos

Empresas fachada

Pemex y el IMP, pagaron en 2025, facturas por casi 3 mil millones de pesos a GML, Safnat  y Diazol, empresas cuyos domicilios fiscales fueron registrados en humildes viviendas o en colonias clasemedieras de Tabasco y la Huasteca potosina.

Las firmas facturaron cantidades millonarias por presunta maquila, suministro y transporte de químicos utilizados para proteger equipos y tuberías, según las facturas a las que tuvo acceso Grupo Reforma.

En las últimas semanas, personas físicas y morales  de esa red empezaron a promover amparos contra el bloqueo de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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Grupo Mineral & Logis tic, por ejemplo, elevó su capital social de la noche a la mañana y 14 días después de exhibir el cheque millonario de la paraestatal, la firma comenzó a emitir facturas por 12 millones de dólares al IMP.

El socio principal de esa empresa es un joven que vive en una zona de clase media en Villahermosa, Eduardo Issac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Sánchez Zumaya, quien hasta diciembre de 2025, era el socio principal.

Safnat, a su vez, tiene domicilio fiscal en una humilde casa en el municipio de Tanquián, en la Huasteca potosina, y facturó 24.2 millones de dólares (unos 435 millones de pesos) también al IMP.

En Safnet, Hilario Sánchez Lara aparece como socio principal, aunque nuevamente el anterior socio era el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, quien en cabeza Grupo GESA y tiene vínculos con el senador Adán Augusto López.

La tercera empresa de la red, Diazol, se registró en 2024, a nombre de dos jóvenes tabasqueños, uno de los cuales desapareció a los 18 días de constituir la firma, según su ficha de búsqueda.

Esa empresa ha emitido hasta marzo del 2026, facturas por 2 mil millones de  pesos a Safnat y Mineral & Logistic, ambas proveedoras de Pemex.

A pesar de ese monto de facturación, Diazol sólo reportó al SAT gastos fiscales  por mil 197 pesos en ese mismo periodo.

En noviembre de 2024, Reforma publicó otro grupo de empresas en la que  aparecían como dueños jóvenes universitarios y la cual quedó inactiva luego de ser denunciada ante la Fiscalía tabasqueña tras llegar a facturar 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.

En 2025, Grupo GESA facturó a ROCA más de 3 mil millones de pesos por servicios de transporte y renta de camiones cisterna.

Otro proveedor de esta red es Petroservicios Integrales México, propiedad de Héctor Peralta Grappin y Juan Carlos Guerrero Rojas, este último centro de atención por organizar una lujosa fiesta de 15 años a su hija en Villahermosa en marzo pasado. La empresa ha emitido facturas por más de 88 millones de pesos a GML.

De esa red atribuida a Sánchez Zumaya era parte, como secretario de administración de ROCA, Héctor Manuel Portales Ávila, una de las 14 personas que busca la FGR por estar implicadas en la red dedicada al contrabando de combustible mediante 31 buques operados por Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”.

Ahora, Portales Ávila es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y ha revelado detalles de “El Señor de los Buques” y sus arreglos con el crimen  organizado, autoridades y pagos de sobornos que le garantizaron el contrabando de hidrocarburos.

Apenas el pasado 24 de septiembre, Sánchez Zumaya, declinó sus aspiraciones políticas de contender por la Gubernatura de San Luis Potosí y semanas después escapó del país.

Da Pemex millonada a proveedor facturero; opera red de lavado

Nexos ‘pesados’

De la red atribuida a Sánchez Zumaya, destaca como secretario de administración de ROCA, Héctor Manuel Portales Ávila, una de las 14 personas que busca la FGR por estar implicadas en la red dedicada al contrabando de combustible mediante 31 buques operados por Roberto Blanco, “El Señor de los Buques”.

Protegido Sánchez Zumaya desde 2024

Gerardo Sánchez Zumaya, así como su papá, Hilario Sánchez Lara, promovieron amparos ante posibles órdenes de aprehensión en su contra desde octubre de 2024. Hace casi dos años, el 13 de octubre, Latinus publicó que Sánchez Zumaya obtuvo contratos de Pemex entre 2021 y 2024 a través de la empresa Petro Gesa por más de 520 millones de pesos. En sus redes sociales presumía su apoyo a Morena y acceso a políticos como Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Sánchez Zumaya fue denunciado por pagos y transacciones irregulares por 15 mil millones de pesos. El diario detalló que el empresario fue acusado penalmente de operar una supuesta red de lavado de dinero a través de las transacciones con Pemex. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Tabasco por el representante jurídico de un grupo de empresas que alertan a Pemex de una competencia desleal.

Dicho amparo recayó en el juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí, el cual remitió el expediente al Juzgado Primero del estado porque Sánchez Zumaya ya había presentado desde abril amparos para evitar posibles órdenes de aprehensión en su contra. Otro amparo que promovió fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito de la entidad potosina, que fue sobreseído al no existir una orden de aprehensión en su contra.

Su papá, Hilario Sánchez Lara, también promovió un amparo contra una posible detención tres días después de la publicación de Latinus. El 15 de noviembre de 2024, el amparo fue sobreseído porque las autoridades responsables negaron los actos reclamados, es decir, que existiera una orden de aprehensión en su contra.

Con información de Agencia Reforma y Latinus