Saltillo, Coah.- No sólo los ladrones de autos, viviendas y celulares operan en Saltillo, también los pillos de cuello blanco que se dedican a defraudar a empresarios y personas de altos ingresos. El más claro ejemplo es el de la empresa fantasma SEFISE S.A de C.V., que estafó a decenas de coahuilenses.

El abogado Xavier Oléa Trueheart destapó el mega fraude en que incurrió la financiera en perjuicio de más de 70 inversionistas –incluidos algunos saltillenses– que denunciaron ante la Procuraduría General de la

República, aunque bastó que se ventilara en los medios de comunicación para que la empresa desapareciera de Saltillo.

A menos de seis meses de haber abierto sus puertas, SEFISE dejó de atender a sus inversionistas en la capital del estado y hasta retiró la razón social bajo la cual operó durante algunas semanas, consiguiendo amarrar millonarias inversiones, bajo la promesa de estratosféricos e irreales rendimientos que finalmente no entregó, según lo declarado por el abogado del Despacho Oléa y Oléa que representa a los defraudados.

Y resulta, que la empresa era operada por Luis Fernando Villarreal Ortiz, quien fungía como director de administración y finanzas en SEFISE del Norte, misma empresa que se promocionaba en internet como “una

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), concebida para prestar servicios financieros especializados, brindando acceso a micro y pequeñas empresas, y personas físicas que tienen poco o nulo acceso al sistema bancario”.

El modus operandi era a través de hijos de políticos, “júniors” dedicados a reclutar a capitalistas y gente de dinero, previamente seleccionados para que invirtieran bajo la promesa de generar altos intereses.

Pero el dinero se esfumó, como si con una varita mágica las manos avariciosas de los estafadores hubieran desaparecido los miles de pesos que entregaron empresarios con la esperanza de hacer más ganancias.

Como si se tratara de un truco de magia, SEFISE escondió contratos, inmuebles y dejó afectados a los inversionistas, quienes deberán interponer las denuncias ante la Procuraduría General de la República, si desean conservar su patrimonio.