Pues resulta que la Fiscalía General de la República logró la captura del que presumen como dueño de la mina El Pinabete, en cuyas entrañas permanecen los cuerpos de los 10 mineros que quedaron atrapados tras la inundación del pasado 3 de agosto.

A quien identifican como Cristian “N”, quedó tras las rejas del Cefereso de Ramos Arizpe, bajo la figura jurídica de prisión preventiva, y la Fiscalía dice que aún faltan dos presuntos responsables de la tragedia por ser atrapados, para que rindan cuentas ante la justicia por el delito de explotación ilegal del pocito de carbón.

Una arista interesante es que el Gobernador sostiene que el detenido no es el concesionario de la mina, y que por tanto faltarían caer los verdaderos dueños y eso sí sería justicia.

El tema es si eso es justicia, el que uno o tres paguen tras las rejas por los excesos u omisiones, o simplemente se trata de tapar un pozo mientras cientos más permanecen abiertos, cobijados por la corrupción que impera en el negocio del carbón.

El tema es que, pese a que 10 mineros pagaron con su vida el rascar las entrañas de la tierra en la Carbonífera, en las condiciones más hostiles posibles, nada se hace para cambiar, de fondo, lo que es la minería de este tipo.

Eso no se puede llamar justicia. En tanto no se implementen medidas legales efectivas y que se cumplan en los hechos; en tanto no se establezcan protocolos de supervisión que efectivamente operen, pues la suerte de esos 10 mineros será la misma que corran otros mineros de la zona, mañana o pasado, así que, el detener a uno o tres responsables de un caso, sin asegurar que no vuelva a ocurrir, pues no se puede llamar justicia.