España.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde esta mañana a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Por mayoría, la Cámara Baja ha aprobado el texto que, entre otras cosas, amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves contra menores hasta que la víctima cumpla 35 años.

Precisamente este punto surge tras la aprobación esta misma mañana de una enmienda pactada en las últimas horas entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano para elevar cinco años más la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los abusos sexuales, hasta ahora fijada en los 18 años.

El texto se ha aprobado con amplio consenso: 268 votos a favor frente a 57 en contra y 16 abstenciones. Han votado en contra el PNV al considerar que la norma invade competencias autonómicas y Vox. Bildu y PdeCat se han abstenido al considerar -como el PNV– que se invaden competencias de las comunidades autónomas en varios ámbitos.

La nueva norma también eliminará el conocido como Síndrome de Alineación Parental (SAP), que implica no dar crédito al testimonio del niño al creer que está actuando bajo la presión de su padre o madre. En esta línea, se deberá reconocer la denuncia de la víctima sin tener en cuenta su madurez.

La ley establece además la creación de la figura de coordinador de bienestar o protección en los centros educativos, así como del delegado de protección en centros que realizan actividades deportivas o de ocio para menores.

Se abre la puerta a la creación de juzgados especializados en infancia, como ya ocurre con los especializados en violencia de género. Las carreras judicial y fiscal contarán además con formación especializada en el asunto. También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán contar con unidades especializadas en violencia a niños.

Tras la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios ha subido a la tribuna del Congreso Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha calificado la ley «de enorme calado e importancia». El gran mensaje que la nueva norma mandará a la población española, ha dicho, es que en España no hay cabida para la violencia contra los menores, sea del tipo que sea. La ministra se ha referido a la Iglesia como «cómplice» de encubrir la violencia sexual contra los niños, lo que ha provocado abucheos por parte del grupo popular, al no haber hecho ninguna referencia además al caso de explotación sexual de menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), para el que su partido, PSOE y Més han rechazado varias veces la creación de una comisión de investigación. Sí ha hecho referencia a este caso la diputada popular Alicia García, que ha defendido que con esta ley se podrán evitar situaciones como la ocurrida en Baleares.

También ha habido alguna discrepancia entre los partidos que forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pues este último no ha contado con el voto de sus socios para que la ley contemplara la prohibición de la entrada de menores a espectáculos taurinos. Tampoco han votado a favor los socialistas de la enmienda que abogaba por aumentar las garantías de los niños ante los procesos de desahucio.

Fuente: ABC.ES