Monterrey, NL.- Durante su primer informe de Gobierno ante el Congreso de Nuevo León el gobernador Jaime Rodríguez invitó al Poder Legislativo a unir fuerzas y en definitiva los legisladores le cumplieron. Sin embargo, el aparente pacto de solidaridad entre los legisladores y las corrientes políticas fue para sumar sus reclamos ante sus acciones en sus primeros 365 días como titular del Ejecutivo.

Al reproche generalizado de los diputados, que evidenciaron su mala relación con el Mandatario estatal, le sobrevinieron los reproches de organismos civiles ante el repunte de los homicidios en la entidad, la opacidad por el Cobijagate, así como la dilación de la justicia y de las indagatorias para resolver la problemática de desaparecidos y de sus familias.

Asimismo, la recriminación de los neoleoneses materializó el clima de tensión con un enfrentamiento entre los reos del Penal del Topo Chico, donde un saldo de un muerto y 8 heridos se convirtió en la cuarta estadística de motines en el año en esa instalación penitenciaria, aquejada por el autogobierno de los internos y las operaciones de células delictivas rivales.

Tras el acto protocolario, “El Bronco” realizó el Primer Informe de Verdades para interactuar y rendir cuentas con todos aquellos que confiaron en su trepidante aparato de campaña electoral que le otorgó el triunfo. Con una ceremonia y un clima de fiesta, Rodríguez Calderón silenció los reclamos en su contra expuestos por un segmento de la población que lo “reprobó” como Gobernador.

En este tenor, presumió la coordinación que ha tenido con alcaldes y diputados federales para gestionar e impartir recursos a los diferentes municipios, resaltando que su administración no jinetea recursos. Videos y canciones de música norteña con grupo en vivo vistieron el escenario en cada una de las temáticas que el Gobernador trató.

La cancelación de Monterrey VI, el combate a la corrupción y ahorros por más de 7 mil millones de pesos en la renegociación con los contratos de KIA, fueron los temas de mayor relevancia de Jaime Rodríguez.

Uno de los detalles que quedó claro con el primer candidato independiente que alcanzó la Gubernatura de Nuevo León fue su promesa de renunciar o entregar el cargo si la sociedad lo reprobaba al tercer año, al parecer “El Bronco” deberá enmendar el camino si no quiere ver opacados sus intentos por concluir el periodo e incluso para reducir sus aspiraciones para competir por la Presidencia en 2018.

LA OFENSIVA PARLAMENTARIA

Con un diputado por bancada, el Congreso del Estado analizó los logros y deficiencias del primer año del Gobierno independiente en Nuevo León, aunque dejó en claro que su enemistad con el gobernador va más allá de que que haya sido un candidato independiente el que les arrebató la Gubernatura en 2015.

Arturo Salinas Garza, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional fue el más duro en la crítica al cuestionar: “¿Qué se informa cuando no hay nada qué informar?”

“Tres cosas han marcado a este Gobierno: el primero, inseguridad; el segundo, falta de combate a la corrupción y el tercero, incumplimiento de promesas”, expresó.

Marco González, coordinador del Partido de la Revolución Institucional (PRI) pidió al Mandatario no gobernar por medio de las redes sociales citando a su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, y recordó el problema del Cobijagate ante la promesa de combatir la corrupción.

“Usted prometió que iba a hacer muchas cosas contra la corrupción, desgraciadamente todo eso quedó manchado con la compra de las famosas 200 mil cobijas al triple de precio. Ya nadie habla del triple de precio, ahí está el daño patrimonial más serio”, dijo el legislador.

Samuel García Sepúlveda, legislador de Movimiento Ciudadano, reconoció también la reducción en gasto de imagen y la intención de sancionar a funcionarios acusados de corrupción, no obstante, destacó que Rodrigo Medina y Margarita Arellanes no han sido acreedores de castigos.

“El exgobernador ya libró las dos acusaciones más graves: peculado y delito patrimonial y solamente quedó vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones”, agregó.

La diputada independiente Karina Barrón comentó que en la mayoría de la población sigue intacta la fe en el gobierno de Rodríguez Calderón y que no contribuiría a destacar cosas positivas de la Administración estatal, aunque apuntó que probablemente a esta Administración “le quedó grande la yegua”.

EVIDENCIA DE ‘POCO AVANCE’

Las constantes denuncias de autogobierno, privilegios y la operación de organizaciones criminales al interior del Penal del Topo Chico se han convertido en la piedra en el zapato para el gobierno de Rodríguez Calderón, donde se suman 53 muertos y 30 lesionados en cuatro riñas o motines que evidencian la inacción para mantener el orden al interior del centro penitenciario.

El primer motín se registró el 11 de febrero donde una disputa por el control del penal entre dos integrantes de la delincuencia organizada, dejó a 49 reos fallecidos y 12 lesionados.

Cuatro meses después, el 1 de junio, se registró una riña que dejó tres reos muertos y 14 lesionados.

Después, el 25 de julio, se registró otro disturbio en el que hubo incendios, sin embargo, en esa ocasión las autoridades aseguraron que no había muertos ni lesionados.

Justo el día de su Primer Informe de Gobierno, una riña entre reos dejó a un fallecido y ocho lesionados de gravedad, mientras que el PAN estatal cuestionó que el Gobernador no tomara cartas en el asunto y decidiera realizar un Primer Informe de Verdades, que catalogaron como “evento festivo” para rendir cuentas a los neoleoneses tras cumplir con el acto protocolario.

Un contingente de 30 familiares de los reos bloquearon la avenida Penitenciaría en protesta de las condiciones por la cárcel. Además de estar inconformes con las condiciones del Topo Chico, los familiares, en su mayoría mujeres, también exigieron al “Bronco” que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervenga para analizar la situación del inmueble.

Finalmente, la CEDH se comprometió a realizar una investigación a fondo sobre las causas de la efervescencia al interior del centro penitenciario.

LM