Monclova, Coah.- Entre cuatro y seis meses es el plazo estimado, en el que se espera que el pago de los finiquitos para los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) finalmente se concrete, según informó Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático.

Explicó que esta proyección fue el eje central de una reunión de alto nivel sostenida en la Ciudad de México con la Secretaría del Trabajo, donde se estableció que, tras la venta de la siderúrgica, la prioridad inmediata será el cumplimiento de las obligaciones laborales con los miles de trabajadores afectados por la parálisis de la empresa.

El líder sindical, aclaró que este calendario no se refiere a los trámites de licitación o subasta de los activos de la planta, sino específicamente al momento en que el efectivo deberá llegar a las cuentas de los empleados.

“Hablamos de un periodo estimado de cuatro meses sin cambios adicionales, tiempo en el cual se buscará destrabar definitivamente el tema de las liquidaciones laborales”, precisó.

Tras la reunión, Leija Escalante destacó que en base a la información que se obtuvo, es que el proceso de venta total de la siderúrgica debe quedar concluido dentro del primer semestre de este año.

Explicó que la decisión de este plazo responde a la necesidad de brindar certeza ante el prolongado concurso mercantil que ha mantenido en vilo a la Región Centro, de acuerdo con el representante de los obreros, el análisis actual de las mesas de diálogo se concentra en la logística del pago.

“Actualmente el punto central de análisis es la forma en que se liquidará a los trabajadores, aspecto que fue determinante para la prórroga otorgada por la autoridad judicial, se busca evitar confusiones con interpretaciones previas de la Ley Federal del Trabajo que generaron zozobra en los obreros”, comentó.

Leija Escalante, manifestó que de la mano con los finiquitos, se están resolviendo problemas colaterales como los créditos de Infonavit y las pensiones de aquellos que ya cumplieron los 60 años.

El dirigente confió en que el respaldo de la administración federal actual servirá de garantía para que este esquema de justicia social se cumpla en los tiempos pactados, reconociendo la desesperación de las familias tras más de tres años de conflicto, pero pidiendo mesura ahora que existe un compromiso concreto sobre la mesa.